- Con el nombramiento de la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien cuenta con treinta años de experiencia en la carrera judicial, se tiene nueva oportunidad para fortalecer autonomía.
El día dos de enero 2023, fue elegida presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal la Ministra Norma Lucia Piña Hernández para el periodo 2023 – 2026. Se ha convertido en la primera mujer en ocupar dicho cargo, desde la fundación de la Suprema Corte, hace casi doscientos años, el 15 de marzo de 1825. Durante el proceso de elección, la nueva presidenta planteó como proyecto de trabajo el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial, el combate a la corrupción y la centralidad de los derechos humanos.
De igual forma, propuso la creación de Unidades Especializadas en materia de perspectiva de discapacidad, perspectiva de género, ambiente y cambio climático, así como de atención a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como la aplicación del Sistema Nacional Anticorrupción en el PJF, el servicio civil de carrera en las áreas administrativas y el desarrollo de soluciones digitales en la impartición de justicia.
Para Salvador Castillo Rangel, académico del SUJ en la IBERO Torreón, la llegada de la nueva presidenta supone una oportunidad para reforzar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación. “Esto es importante considerando las críticas que en fechas recientes se han hecho a la autonomía de la Suprema Corte. Sin duda, que no haya sido elegida la Ministra Yasmín Esquivel también nos da un respiro y una oportunidad”.
Sin embargo, Castillo Rangel considera que “El nombramiento de la Ministra Presidente Norma Piña, con el que finalmente se rompe el techo de cristal, debe significar mantener el señalamiento de los criterios de la SCJN respecto de la militarización y prisión preventiva oficiosa, entre otros”.
Mientras que el Dr. Gilberto Santa Rita Tamés, académico de la IBERO Ciudad de México, opinó que “es una buena noticia para todo México”, pues su trayectoria, que “habla por sí misma”, indica que no habrá mayores problemas en cuanto a la legitimidad de su cargo.
El docente del SUJ aseguró que la Dra. Piña conservará la integridad ética y legal que corresponde a la Presidencia de la SCJN, toda vez que su trabajo jurídico y carrera han sido impecables, “con una agenda muy clara de vigencia de la Constitución, de los tratados internacionales y del mantenimiento y la lucha por la prevalencia de los derechos humanos”.
Eso resulta muy importante al tener el país un alto índice de violación a los derechos humanos, pero también al contar con importantes herramientas legales para evitarlo, destacó Santa Rita, coordinador de la Especialidad en Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción.
Frente a los cambios legales de gran calado que el presidente López Obrador “seguramente” tratará de acelerar -intentos de reforma muchas veces violatorios de la Constitución y tratados internacionales, señaló el profesor-, Piña Hernández, junto con los otros ministros y ministras, tendrá la gran responsabilidad “de funcionar como dique, manteniendo la vigencia del orden jurídico”.
El doctor, quien también coordina la Especialidad en Derecho Tributario Internacional, añadió que la ministra presidenta pertenece a una ala liberal, garantista y progresista de la Corte, “así que pienso que estamos, en realidad, en buenas manos”, y consideró bueno e importante que una mujer haya llegado a ocupar la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, uno de los puestos más trascendentes de la sociedad y del gobierno.
Como SUJ deseamos que el nombramiento de la primera presidenta de la SCJN se traduzca en una verdadera oportunidad para consolidar la autonomía del poder judicial, para que cumpla con su su legítimo rol de contrapeso de los poderes ejecutivo y legislativo en beneficio de nuestra incipiente y débil democracia. De ser así, la agenda de la nueva presidencia deberá considerar lo necesario para resolver con un espíritu democrático y de estado de derecho las reformas en materia electoral, la militarización de la seguridad y de la prisión preventiva oficiosa.
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