- Vía un acuerdo presidencial, Andrés Manuel López Obrador, titular del Ejecutivo Federal, transferirá la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
- La medida es considerada por expertos de la comunidad SUJ como una forma de romper el tejido constitucional y poner en riesgo nuestro incipiente proceso democrático.
Aún cuando el artículo 21 constitucional establece con total literalidad que “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional…”, el martes pasado el presidente de México anunció el traslado de la Guardia Nacional (GN) al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La militarización de la seguridad ciudadana hace crecer el riesgo de violaciones a los derechos humanos y de que éstas queden impunes; como SUJ también nos preocupa la poca vocación de las fuerzas armadas por la rendición de cuentas y los casi inexistentes controles civiles con que hoy se manejan los cuerpos militares en nuestro país.
Frente a ello, el Dr. Tadeo Luna de la Mora, experto en seguridad y justicia del SUJ, en IBERO Puebla, considera que en México las respuestas militarizadas a los problemas de violencia e inseguridad han mostrado su fracaso, e incluso han profundizado los problemas de violaciones a los derechos humanos. De igual forma, consideró que: “el conjunto de la democracia se pone en riesgo al tener a la milicia al frente de la seguridad, la infraestructura y las comunicaciones, pues se vulnera el ejercicio de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. Si se mantiene la visión de militarizar distintas áreas puede llegar un momento en el que la ciudadanía ya no pueda hacerle frente. La respuesta no es trayendo al ejército a las calles ni haciendo que la policía se parezca a la milicia”.
Por su parte, Ernesto López Portillo, experto en seguridad ciudadana en la universidad jesuita IBERO Ciudad de México, observa que ésta decisión visibiliza que la transferencia de funciones y recursos a favor de las fuerzas armadas no parece tener límite durante la presente administración, ello considerando que el presupuesto de este sector se ha multiplicado por siete desde 2018.
Además de las implicaciones que tiene esta decisión para la atención y erradicación de la violencia y la inseguridad en México, López Portillo se pregunta: “Más allá de las funciones de seguridad, ¿lo que estamos viendo en México es el reemplazo militar de las estructuras civiles que se consideran débiles?, ¿ la estrategia de López Obrador es una medida de reemplazo asociada a la debilidad de los liderazgos políticos?, ¿estamos ante un anclaje de estabilidad sostenido en la amenaza de la violencia militar?
El coordinador de del programa de Seguridad Ciudadana en la IBERO Ciudad de México, considera que enfrentamos un proyecto político que cada día compromete más la gobernabilidad del país en manos militares. Al finalizar su análisis, López Portillo se hace una pregunta, quizá más inquietante que las anteriores: ¿de qué estaremos hablando cuando ese poder militar se haya consolidado si la clase política, la sociedad y los contrapesos institucionales siguen en el pasmo?
Como SUJ nos preocupa la medida tomada por el presidente de la República, pues refleja, entre otras cosas, que ha desdeñado el insistente llamado de las víctimas de la violencia, el delito y la inseguridad respecto de revisar su estrategia de seguridad.
De igual forma, nos parece delicado que el titular del poder ejecutivo omita el debate público y tome una decisión de tal calado a contrapelo de lo que numerosos expertos y mecanismos de protección de derechos humanos a nivel nacional, regional y universal han señalado en cuanto a los graves riesgos que implica consolidar la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana.
Como universidades confiadas a la Compañía de Jesús reiteramos nuestro llamado a los poderes públicos a fortalecer la democracia bajo el fortalecimiento de un estado de derecho basado en el enfoque de derechos humanos.