- Luego de la confirmación científica de que José Noriel Portillo Gil, alias “El Chueco”, fue asesinado, el Provincial de los Jesuitas en México rechaza que este hecho signifique justicia y contribuya a la pacificación de Chihuahua y del país.
El P. Luis Gerardo Moro Madrid, SJ, Provincial de jesuitas en México, en un mensaje difundido el pasado fin de semana, anunció que se realizarán acciones para construir memoria y se profundizarán las apuestas para la construcción de paz con verdad y justicia. “A los jesuitas no nos mueve el ánimo de venganza, sino de justicia debida”, expresó.
Un acto de venganza no contribuye a la consecución de verdad, justicia y reparación para el caso de los asesinatos de nuestros dos hermanos jesuitas en Cerocahui, Chihuahua. Para el Provincial jesuita, la deuda de justicia y reconciliación sigue vigente para la Sierra Tarahumara y para el país: “Hoy más que nunca es necesario garantizar seguridad para las comunidades de la Tarahumara, así como la implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, enfatizó el sacerdote.
En el mismo tono, la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que el asesinato de Portillo Gil es un acto ilegal y no de justicia : “Ni en este ni en ningún otro caso, la muerte violenta de quienes son identificados como presuntos responsables de delitos o violaciones a los derechos humanos son la respuesta legítima a las demandas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas”.
Frente a este contexto, ONU-DH enfatiza que el homicidio de José Noriel Portillo: “Es una acción ilegal que reafirma la necesidad de fortalecer las capacidades para prevenir la violencia e investigar debidamente a quienes la perpetran”.
Sin lugar a dudas, en el SUJ hacemos propias las palabras del Provincial de los jesuitas en el sentido de que nunca nos acostumbraremos a la violencia deshumanizante, así como que profundizaremos nuestra apuesta por una vida donde se reconozcan y respeten los derechos y dignidad de todas las personas.
De igual forma, rechazamos cualquier intento que busque fortalecer una narrativa en la que se justifiquen los actos ilegales y violatorios de derechos como mecanismos legítimos de justicia o de “atención y solución” a los conflictos y crisis que afectan a nuestro país.
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