- “Mientras los mexicanos no tengamos evidencias de procesos integrales y sistémicos de acceso a la verdad y a la justicia; ni de la disolución de las estructuras y los pactos para perpetuar la impunidad y los privilegios injustos, no podemos acreditar un auténtico cambio de régimen”, Rector de IBERO Puebla.
En una reciente reflexión, el Rector de la universidad jesuita de Puebla, Mario Patrón Sánchez, analizó la narrativa del actual presidente de México y la contrastó con los resultados de las acciones gubernamentales de su administración.
Así, el Rector considera que el gobierno de López Obrador se caracteriza por la creciente discordancia entre las afirmaciones sobre la tranformación del país y los constantes golpes de realidad que la sociedad mexicana experimenta, en la que resaltan las asignaturas pendientes de esta administración; especialmente en cuanto a los temas estratégicos de la agenda que condujeron al triunfo electoral del entonces candidato: lucha contra la corrupción y la impunidad, erradicación del régimen de privilegios.
Frente a las notorias diferencias entre la narrativa presidencial y los hechos de la realidad, Patrón Sánchez considera fundamental preguntarnos ¿dónde se juega la 4T el cambio de régimen?
Con afán de nutrir la reflexión para responder a su pregunta, el Rector de IBERO Puebla recupera diversos hechos que, si bien representan oportunidades de transformación en los grandes temas del país, la realidad acusa pocos avances en esa dirección: “Mientras un par de sábados anteriores se anunció un decreto para esclarecer y procurar justicia por las violaciones a derechos humanos en la guerra sucia; también hace un par de semanas el caso Ayotzinapa cumplió siete años sin verdad ni justicia. Ayotzinapa es un agravio paradigmático y, por ello, para la 4T es una oportunidad para desmentir las versiones oficiales impuestas y, sobre todo, para reconstruir auténticamente la verdad histórica, determinar sanciones para los responsables; así como para marcar un precedente decisivo de no repetición de graves abusos. Lamentablemente, ello no sucede. La investigación de esta administración permitió demostrar que la versión del gobierno de Peña Nieto carecía de sustento, pero no se ha desmontado el aparato de macrocriminalidad que permitió la tragedia y, peor aún, no sabemos el paradero final de los estudiantes. Sin ello, este gobierno no puede afirmar que ha marcado un antes y un después”.
Sumando elementos de análisis mediante revisión de hechos concretos, Patrón Sánchez evalúa que en materia de corrupción e impunidad hay asuntos públicos que muestran la incosistencia del gobierno actual: “Aunque se han iniciado investigaciones para sancionar a personas responsables de hacer un uso indebido de los bienes públicos, estamos ante una impunidad diferenciada. Parecería que los procesos judiciales de este gobierno, que ofreció impulsar una justicia transicional, están sometidos a un acuerdo tras bambalinas para proteger a los funcionarios del sexenio anterior; mientras a Genaro García Luna lo dejaron cumplir su proceso judicial en Estados Unidos, al general Salvador Cienfuegos le suspendieron su proceso y lo trajeron de vuelta a México. De Alonso Ancira se informó que se comprometió a devolver lo robado, pero hasta hoy no tenemos evidencias de que haya cumplido; por no abundar en el caso de Emilio Lozoya, quien está fuera de prisión en carácter de colaborador de las autoridades judiciales. En resumen, lo que tenemos son gestos desarticulados en torno del combate a la impunidad, pero aún no un macroproceso en cascada e integral que evidencie y desmonte la corrupción sistémica y generalizada de la que formaron parte muchos funcionarios ligados a Lozoya y el caso Odebrecht”.
A partir de la recuperación de hechos paradigmáticos que demuestran la inconsistencia de la administración actual para impulsar sustantivamente el proceso de transformación que México requiere, el Mtro. Mario Patrón enfatiza que el cambio de régimen se encuentra como posibilidad real en el desmantelamiento de las estructuras de privilegio e impunidad del sistema político, así como en garantizar procesos de justicia legítimos contra graves violaciones a los derechos humanos y contra pactos de impunidad que prevalecen contra delitos del pasado. Así, señala: “Las evidencias de la desarticulación de los pactos de impunidad y corrupción permitirán acreditar la vigencia de un auténtico cambio de régimen. El cambio que necesita nuestro sistema político se logrará con reformas estructurales, normativas y jurídicas, pero también con una nueva generación de servidores públicos que traduzcan estas exigencias y necesidades en actitudes y procedimientos concretos, que generen una nueva forma de hacer gobierno, de gestionar la infraestructura y los bienes públicos, de hacer viable la democracia en entornos de alta polarización, desigualdad y violencia; y con la concreción de procesos claros y efectivos de justicia, verdad y reparación”.
El Rector de la universidad del SUJ, IBERO Puebla, considera que si bien el actual gobierno ha realizado acciones justas y necesarias, como poner topes a los salarios de los altos funcionarios, establecer una rigurosa austeridad presupuestaria, poner en marcha una amplia agenda de reformas a los derechos laborales en beneficio especialmente de las clases trabajadoras, tales como el aumento al salario mínimo, sólo la constatación de que los pactos de impunidad y corrupción se han desarticulado permitirá hablar de un paso sustantivo a un real y legítimo cambio de régimen: “Mientras los mexicanos no tengamos evidencias de procesos integrales y sistémicos de acceso a la verdad y a la justicia; ni de la disolución de las estructuras y los pactos para la perpetuación la impunidad y los privilegios injustos, no podemos acreditar un auténtico cambio de régimen”, concluyó.
En el SUJ asumimos nuestra voz y la hacemos llegar fuera de las paredes de nuestras universidades para análizar la realidad desde nuestra mirada crítica y bajo parámetros de bien común. Reconocemos en el gobierno federal actual ha realizado acciones luminosas pero nos preocupan los aspectos de fondo que aún no han sido atendidos con la finalidad de erradicarlos, entre ellos: impunidad, corrupción, pobreza, discriminación, degradación ambiental, pérdida de recursos naturales, violencia, entre otros.
Con nuestra voz insistimos a las autoridades: cumplan con su deber; actúen con honor; trabajen mejor; actúen por el bien común; sean útiles a la sociedad, no a los interéses voraces que excluyen y matan a las personas y a la casa común.
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