- Mario Patrón, Rector del SUJ en IBERO Puebla, analiza los pendientes en el caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa a ocho años de su desaparición
- “Hacer un ejercicio de memoria histórica es imperativo, sobre todo considerando que aún no se conoce el paradero ni lo que realmente sucedió a los jóvenes normalistas”, Rector de la universidad jesuita en Puebla.
En agosto pasado la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa expuso a la opinión pública su informe de donde estableció algunos avances y pendientes en el proceso de garantizar verdad y justicia para este caso.
Al respecto, el Mtro. Mario Patrón Sánchez, rector de la universidad jesuita, IBERO Puebla, recuerda que la ausencia de los jóvenes cumple ocho años en medio de una etapa de preocupante militarización, caracterizada porque el Congreso Federal aprobó el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y en la que también el poder legislativo federal discute la iniciativa de reforma para que la presencia de las fuerzas armadas en las calles se amplíe hasta 2028: “Es insoslayable determinar cuántos militares estuvieron involucrados y debe esclarecerse la responsabilidad institucional del Ejército, sea por pasividad y omisión institucional o sea por una permisividad activa y complicidad en el entramado de macrocriminalidad que dio lugar a los hechos del 26 de septiembre de 2014.
En días pasados la Fiscalía General de la República (FGR) notificó órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de los batallones 27 y 41 de Infantería de Iguala y Teloloapan, Guerrero, de un total de 83 órdenes de aprehensión que se habían girado a autoridades y civiles involucradas en los sucesos; sin embargo, el 15 de septiembre pasado, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, anunció la detención del general José Rodríguez, quien en septiembre de 2014 fungía como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, así como la de otros tres militares presuntamente involucrados, entonces nos preguntamos ¿qué ha pasado con las otras detenciones?
De igual forma, el Rector en el SUJ recuerda que también esta pendiente de establecer responsabilidades de las autoridades federales involucradas, tanto en los hechos del 24 de septiembre como en la construcción de la llamada verdad histórica: “A la fecha la opinión pública conoce de la detención de Murillo Karam y de la orden de aprehensión de Tomás Zerón, pero casi no sabemos de la judicialización de autoridades como Rodrigo Archundia, ex subprocurador de la SEIDO; Hugo Ruiz, ex encargado del despacho de la SEIDO; Gualberto Ramírez Gutiérrez, ex titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro; el almirante Marco Antonio Ortega Siu, jefe de la Unidad de Operaciones Especiales; el almirante Eduardo Redondeo Arámburo, titular de la Unidad de Inteligencia Naval; José Miguel Espinoza Pérez, delegado del CISEN en Guerrero, e incluso de Omar García Harfuch, entonces comisario de la Policía Federal, entre otros funcionarios y autoridades militares que son más de 20 autoridades señaladas por el informe de la Comisión de la Verdad respecto de su participación en la construcción del montaje histórico”.
Entre los pendientes, Patrón Sánchez señala que el informe denuncia la falta de unificación en los procesos penales a cargo de los juzgados, así como la falta de coordinación en la FGR para delimitar responsabilidades aún cuando tiene elementos suficientes para continuar procesos contra 17 funcionarios municipales y 10 funcionarios federales: “Los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa han denunciado que se está ‘dosificando’ la ejecución de las órdenes de aprehensión y que los escasos avances en justicia están lejos de traducirse en la verdad esperada. Padres y madres de los jóvenes, defensores y la opinión pública subrayamos que aún faltan explicaciones contundentes. A pesar de que el informe establece lugares precisos para realizar las búsquedas, no se han observado progresos en las investigaciones oficiales ni en los operativos de búsqueda para dar con el paradero final de los estudiantes”.
El Rector en el SUJ, enfatiza la importancia de poner en el centro de cualquier acción y decisión a los jóvenes y a sus familias: “La lentitud en el caso, el cúmulo de inconsistencias de las investigaciones y la desarticulación entre los juzgados soslaya la dignidad de las madres y padres y entrampa la obtención de verdad y justicia. La dignidad de los padres de los normalistas, como la de los familiares de los más de 100 mil desaparecidos del país, es vejada con el rampante avance de los procesos de militarización del país, y por una Comisión Nacional de Derechos Humanos complaciente con el poder público que abiertamente se ha puesto de espaldas a las víctimas”.
Como SUJ colegimos con el Rector de IBERO Puebla en que el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas debe servir para hacer memoria, así como para dimensionar los múltiples peligros y salidas falsas con que el gobierno federal y una parte del poder legislativo promueven y justifican la militarización.
El caso de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa muestra con total claridad, a pesar de la exposición pública nacional e internacional, lo fácil que puede ser que elementos del ejército de todos los rangos participen en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos y la dificultad para que de manera individual e institucional reciban sanciones y las víctimas puedan alcanzar verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos.
Y manifestamos nuestra preocupación por la conducta de la Fiscalía General de la República, cuyo reciente actuar genera dudas sobre el adecuado cumplimiento de las obligaciones que le competen en cuanto a la procuración de justicia mediante la adecuada, oportuna, profesional y legítima integración de las carpetas de investigación para este caso.
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