- El SUJ y el Centro Prodh coincidimos que en México la política de seguridad requiere realizar tareas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos
El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh)” es una organización civil de derechos humanos que forma parte de las obras sociales de la Compañía de Jesús en México y con el SUJ. Entre sus actividades, realiza distintas tareas para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, entre ellas labores educativas, de defensa legal, de difusión y comunicación, así como reflexión y análisis sobre los temas más relevantes de la vida nacional.
Ahora su análisis es relativo a la Guardia Nacional, pues considera que cuando fue entregada a las Fuerzas Armadas, el poder civil abrió la puerta para reciclar mandos castrenses con antecedentes contrarios al respeto a los derechos humanos: “Así ha ocurrido con la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional, que hoy se encuentra en manos de quienes, en algunos de los años más álgidos de la llamada ‘Guerra contra el Narcotráfico’, dirigieron la Policía Ministerial Militar, conocida también como Policía Judicial Militar. Pese a la opacidad que ha rodeado tradicionalmente a este cuerpo policial castrense, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha logrado documentar en algunas recomendaciones cómo los ministeriales militares están habituados a torturar impunemente”.
Para ilustrar su reflexión, el Prodh recuperó las Recomendaciones de violaciones graves, donde la Comisión Nacional de Derechos Humanos acreditó la queja de un militar que refirió ser ingresado a un dormitorio de oficiales en donde fue presionado por elementos de la policía judicial militar para que aceptara que trabajaba para el crimen organizado, y que de no hacerlo sería denunciado como miembro de la delincuencia organizada. Luego le vendaron los ojos, muñecas y dedos de ambas manos; fue envuelto de los hombros a los pies con una manta, se le colocaron cinco cinturones de seguridad, lo acostaron en un colchón en el piso, durante 2 horas recibió jalones de cabellos y fue golpeado en el abdomen, además de que le lanzaban chorros de agua en la cara para provocarle asfixia. Al mismo tiempo le decían que si moría desaparecerían su cuerpo y le declararían prófugo de la justicia. Aunado a todo ello, también le amenazaron de que si su familia se atrevía a denunciar les pasaría lo mismo. Mientras todo esto sucedía, un mando militar no identificado estuvo presente y le aconsejaba aceptar lo que los elementos policiacos le imputaban.
El caso descrito fue uno de los que el Centro Prodh incorporó a su informe “Poder militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense”, como ejemplo de que los mandos militares a la cabeza de la policía judicial militar cuando ocurrieron estos hechos de tortura no sólo no han sido investigados, sino que impunemente fueron integrados a la Guardia Nacional. Este hecho se agrava considerando que según la Ley de la Guardia Nacional, el titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional debe ser nombrado por el presidente de la república precisamente para que cuente con la máxima independencia en su delicada labor. Que el Ejército pueda imponer en los hechos en ese puesto a mandos con antecedentes de tortura, incluso poniendo en una delicada posición a su Comandante Supremo, da cuenta de cómo, en la actual administración, las Fuerzas Armadas han logrado una fuerza inédita sin ningún contrapeso civil.
El Centro Prodh considera que este contexto permite entender el reciente cambio a la estructura del Ejército Mexicano y la creación de su nueva Comandancia, aún con un fundamento legal endeble, y sin siquiera permitir que el cambio se discutiera antes en el Congreso de la Unión y se incorporara a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos en vigor: “El discurso del General Secretario, el pasado 13 de agosto de 2021, lo evidencia. Aunque con ambigüedad se refirió a que se trata de ‘un proyecto’, afirmó nítidamente que esta reestructuración se ‘consolidará’ con las reformas legales y reglamentarias que se ‘armonizarán’ a lo que el Ejército ya decidió, y no al revés, como debería ocurrir en un contexto de subordinación castrense al poder civil. A no dudar, estamos de nuevo ante una expresión de la creciente autonomía fáctica del Ejército, que devuelve la relación cívico militar a las décadas inmediatamente posteriores a la Revolución Mexicana: primero, los castrenses deciden por sí mismos los cambios de fondo en su estructura; después, al Congreso sólo le corresponde validarlos legalmente acatando en los hechos las órdenes del mando militar”.
Finalmente, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” enfatiza que la imposición de mandos complacientes con la tortura en posiciones clave de la Guardia Nacional, lo mismo que la reciente reestructuración del Ejército, confirman que en México acudimos a la profundización de una militarización que, en los años por venir, será difícil revertir.
En el SUJ los derechos humanos, más que un discurso y un cuerpo normativo, son un proyecto para guiar y consolidar la transformación de nuestro país bajo un marco democrático y de Estado de Derecho.
El SUJ y el Centro Prodh coincidimos que en México la política de seguridad requiere de erradicar el enfoque reactivo, represivo y centrado casi exclusivamente en el uso de la fuerza, porque ha resultado rebasado y contraproducente.
Es fundamental que la política pública en materia de seguridad ciudadana tenga objetivos claros, mecanismos públicos de control y de evaluación, que sea capar de erradicar las violaciones a los derechos humanos y la corrupción de las fuerzas policiacas y militares del país y, sobre todo, que logre ser eficaz y digna de un proyecto de democracia basada en la vigencia y ejercicio irrestricto y plena de los derechos humanos.
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