- El Mtro. Mario Patrón, rector del SUJ, en la IBERO Puebla, analiza nuevo caso de espionaje gubernamental, esto en la La Jornada.
En 2017 una investigación periodística, Gobierno espía, expuso la práctica gubernamental de espiar, con herramientas de alta tecnología y gran capacidad intrusiva, a periodistas, defensores de derechos humanos y otros actores sociales y políticos. Las organizaciones civiles que elaboraron“Gobierno espía” (R3D, Artículo 19 y SocialTIC), recientemente publicaron la investigación Ejército espía donde exponen un caso de espionaje militar en este sexenio.
Ante este tema, el Rector del SUJ, en la IBERO Puebla el Mtro. Mario Ernesto Patrón Sánchez, recordó que, con evidencia científica generada por Citizen Lab, la investigación “Gobierno espía” denunció que el malware Pegasus intervino las comunicaciones y accedió a la información de los celulares de 76 periodistas y defensores de los derechos humanos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ante la gravedad de tal situación, y al ser investido como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló vehementemente: “Nosotros no somos iguales, no vamos a espiar a nadie”.
Patrón Sánchez señala que, al día de hoy, ese caso aún se mantiene impune y, además, se han hecho públicas nuevas prácticas de espionaje en el contexto del actual sexenio: “En esta administración siguen efectuándose las mismas prácticas de espionaje sin ningún escrutinio o control de carácter judicial o parlamentario. Nuevas pruebas del espionaje ilegal fueron presentadas por las mismas organizaciones en octubre del 2022, ahora bajo el título de “Ejército espía”. Con documentos filtrados por el colectivo Guacamaya, se demostró el espionaje de dos periodistas y un defensor de derechos humanos desde la Sedena, y con el conocimiento de su titular, Luis Cresencio Sandoval, durante la actual administración”.
El 7 de marzo el caso “Ejército espía” volvió a tomar fuerza debido a que se hizo pública nueva evidencia del espionaje realizado en 2020 por elementos de las fuerzas armadas. Al respecto el Rector en el SUJ señala: “La evidencia revela que elementos del Centro Militar de Inteligencia espiaron al defensor Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien ha documentado y dado seguimiento a casos de ejecuciones extrajudiciales en dicha zona fronteriza. Tres días después, 10 de marzo, a pregunta expresa en su conferencia matutina, López Obrador insistió que su gobierno no espía a opositores y que, en todo caso, dichas acciones no deben ser consideradas como espionaje, sino como actividades de inteligencia”.
Para el también defensor de derechos humanos, la contestación del gobierno federal es altamente preocupante: “Estas respuestas, no obstante las crecientes evidencias de espionaje ilegal, sólo agravan el problema, pues naturalizan el clima de impunidad frente a casos de violación a derechos humanos y ensanchan más, si cabe, el aval sin condiciones que el jefe del Ejecutivo ha dispensado a las fuerzas armadas, a las que ha convertido en actor intocable. La preocupación se eleva al observar que dicho Centro Militar de Inteligencia, que maneja la tecnología de Pegasus y elabora productos documentales de inteligencia, opera sin control legal ni bajo algún mecanismo de rendición de cuentas”.
Siguiendo su reflexión, el Mtro. Mario Patrón enfatiza: “Contra lo que la 4T ha afirmado desde sus inicios, ha quedado en evidencia una vez más que el gobierno y el Ejército siguen practicando espionaje ilegal a actores civiles para desvirtuar su labor y defender a ultranza la imagen de instituciones que vulneran los derechos humanos en el país. Es, por decir lo menos, inexacto lo afirmado por el Presidente, pues confunde los términos espionaje con inteligencia. El espionaje es un medio para recolectar información y con posterioridad hacer la labor de inteligencia. Por lo que el tema central es si su gobierno espía mediante órdenes judiciales o a través de una entidad de carácter militar que no está sometida a ningún control de carácter democrático”.
Ante un contexto de crispación, Patrón Sánchez enfatiza su temor por las implicaciones que este hecho tiene en nuestra situación de fragilidad democrática: “En vez de fortalecer los contrapesos institucionales que garantizan, en lo general, la viabilidad democrática del país y, en lo particular, la validez de recursos extraordinarios como el uso de la inteligencia para el combate al crimen organizado, López Obrador ha optado por minar el de por sí débil ecosistema institucional democrático que heredó y fortalecer las facultades y poderío de las fuerzas armadas, ya sea de manera formal, reformando marcos legales que les brindan mayores facultades, o en la vía de los hechos, justificando su actuación ilegal como en el presente caso del espionaje”.
Además de la gravedad que implica el espionaje del gobierno contra defensores de derechos humanos y periodistas, el Rector de IBERO Puebla, Mtro. Mario Ernesto Patrón Sánchez, también enfoca la gravedad de lo que supone el nuevo espaldarazo a las fuerzas armadas por parte del presidente de la nación: “Las fuerzas armadas, se han afianzado en el presente sexenio como institución metaconstitucional a la que se le retiran los controles y mecanismos de rendición de cuentas y se le conceden cada vez más facultades civiles. Ante ello es necesario activar el debate sobre los contrapesos y controles para el uso de tales recursos de inteligencia que tendrían que consolidarse desde los ámbitos judicial y legislativo y entre los órganos constitucionales autónomos, como el INAI y la CNDH, a quienes el propio gobierno ha desacreditado y debilitado. Lo que sí diferenciaría a este gobierno de los del PAN y PRI y con ello daría asidero a la reiterada afirmación del Presidente de que su gobierno no es igual a los anteriores, es que se abriera una amplia discusión desde los tres poderes de la unión para consolidar un andamiaje de controles y supervisión en la labor de espionaje de aquellos actores que ponen en riesgo la seguridad nacional”.
En el SUJ compartimos y acompañamos las preocupaciones manifestadas por nuestro Rector, Mtro. Mario Patrón, en cuanto a lo que significa el espionaje gubernamental y el reforzamiento de las fuerzas armadas en detrimento de nuestra ya precaria democrática.
También colegimos con nuestro Rector en la necesidad de abrir a debate la construcción de mejores marcos legales y controles democráticos más fuertes para evitar que esta forma de actuación se consolide como una práctica cotidiana del gobierno actual. Como SUJ, creemos que estamos en un contexto de alto riesgo donde la tentación autoritaria puede tomar mayor fuerza si los actores sociales y políticos no reaccionamos a tiempo.
Información La Jornada
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