- Daños irreversibles a los hábitats, afectaciones a la salud, ruptura del tejido social y diversas formas de violencia son algunos de los resultados del modelo económico imperante en nuestro mundo.
El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) en el SUJ, publicó su primer Informe sobre el Estado de conflictividad socioambiental en México 2017-2021. Dicho documento es el resultado de la investigación y documentación de las implicaciones que el modelo de desarrollo que se ejecuta México provoca en la naturaleza y la sociedad.
Al respecto, sabemos que dicho modelo económico tiene un eje fundamental en la explotación de recursos, lo que en nuestro país se traduce en una dinámica de hiperexplotación de la naturaleza mediante, al menos, 761 proyectos extractivos que producen daños irreversibles a la naturaleza, despojo de territorios, ruptura del tejido social de las comunidades, violencia, corrupción e impunidad.
Entre la información reportada se destaca que:
- Ocho tipos de proyectos extractivistas: 1. hiperurbanización; 2. minero; 3. hídrico; 4. agroindustrial, de monocultivo, industria ganadera, explotación forestal y recursos bióticos; 5. energético; 6. megainfraestructuras y vías de comunicación; 7. biomercantilización; y 8. mixto, que incluye proyectos que pueden englobar más de un tipo.
- De los 761 proyectos, 282 corresponden a la hiperurbanización, 150 al extractivismo minero y 106 al energético. En conjunto, estos tres tipos de extractivismo suman 70% de los proyectos documentados.
- 75% de proyectos extractivos (572) han provocado reacciones de oposición de parte de comunidades y colectivos que habitan los territorios donde se implementan.
- Los tipos de extractivismo que más inconformidades generan entre las comunidades son los de hiperurbanización (84%), megainfraestructura y vías de comunicación (82%) y extractivismo hídrico (81%). La Ciudad de México, el Estado de México y Oaxaca son las entidades donde se han realizado más acciones colectivas de denuncia e inconformidad.
- Los motivos más comunes por los que la población se opone a estos proyectos se relacionan con afectaciones ecológicas (reales y potenciales), la transgresión a las formas y los medios de vida, los impactos a la salud. En el caso de los pueblos indígenas sus motivos con frecuencia refieren a su derecho a su libre determinación.
- De los 761 proyectos documentados, 320 reportan afectaciones ecológicas (42%), que impactan principalmente el suelo, el agua y la biodiversidad; 109 registran afectaciones a la salud (14%); 249 causan afectaciones sociales (33%), como impacto en bienes y servicios, medios de vida y daño a lugares y sitios sagrados para las comunidades.
- En cuanto a hechos de violencia, 169 proyectos han detonado distintos actos de violencia, de los cuales el 52% fue ejercido por instituciones de gobierno. Los proyectos con mayores hechos de violencia se encuentran en la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla, Oaxaca y Chihuahua. Por otro lado, 44 proyectos reportan privación de la vida de personas defensoras del territorio y/o los derechos humanos.
Sin duda, la información presentada por el OCSA del SUJ permite vislumbrar una dimensión de nuestra realidad que casi no conocemos. Las implicaciones que el modelo extractivista tiene para nuestro país son graves porque generan desequilibrios ambientales y un aumentan el nivel de conflictividad y violencia que ya de por sí enfrentamos debido a la macrodelincuencia, la corrupción y la impunidad.
Como SUJ consideramos fundamental el concierto de actores sociales y políticos para crear un horizonte de desarrollo en donde el cuidado, respeto y preservación de la naturaleza, así como la protección de todos los seres que compartimos el territorio mexicano, sean el eje estratégico.
Dicho modelo de desarrollo debe, por tanto, orientarse al bien común, a distribuir de manera justa y equitativa la riqueza, además de garantizar que las generaciones futuras puedan gozar de un planeta íntegro, cuidado y con garantías de protección.
Para profundizar sobre este tema consulta a detalle el Informe sobre el Estado de conflictividad socioambiental en México 2017-2021, así como el mapa interactivo de conflictos socioambientales.
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