- Actualmente México ocupa el segundo lugar continental en materia de delitos relacionados con la homofobia.
La discriminación en el sector salud está obligando a que la comunidad LGBT+ busque alternativas no profesionales, lo que vulnera enormemente su derecho a la salud. Pese a que en México existe un protocolo de atención a personas LGBT+, emitido por la Secretaría de Salud, este no es obligatorio.
En el espacio de la Catedra Ellacuría de la universidad jesuita de Puebla, Ricardo Baruch Domínguez, doctor por el Instituto Nacional de Salud Pública y actual oficial de incidencia política para América y el Caribe en la International Planned Parenthood Federation (IPPF), reflexionó sobre la situación actual de la agenda de la diversidad sexual: “México se encuentra entre los países con mayores protecciones jurídicas a la disidencia sexual, contrario a lo que ocurre en otras latitudes en donde continúa la criminalización de las relaciones homosexuales. Organismos como la CNDH y el CONAPRED contribuyeron a la traducción de las agendas de igualdad y no discriminación en legislaciones efectivas. Tras la reforma constitucional de 2011, el artículo 1° incluyó la prohibición de toda forma de discriminación por preferencias sexuales. Además, estatutos específicos como la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación explicitan principios relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, según la Encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2018, nueve de cada diez personas menores de 18 años deben ocultar estos atributos en los ámbitos escolares, familiares y vecinales por temor a las represalias, así como que el 75% de las personas consultadas han inhibido su expresión sexogenérica por temor a las violencias”.
Domínguez señala que las luchas de la comunidad LGBT+ se han transformado y sus demandas han evolucionado, llegando al momento actual en que la agenda se ha centrado en la justicia ante los crímenes de odio, el matrimonio igualitario, la educación sexual integral, registro de nacimientos de madres lesbianas, acceso a antirretrovirales para personas con VIH, fortalecimiento de instituciones contra la discriminación y reconocimiento de derechos patrimoniales, no discriminación en servicios sanitarios.
Uno de los problemas que precariza la vida de la comunidad LGBT+, en particular de la comunidad trans, es que la discriminación en el sector salud está obligando a que busquen alternativas no profesionales, lo que vulnera enormemente su derecho a la salud. Pese a que en México existe un protocolo de atención a personas LGBT+ emitido por la Secretaría de Salud, este no es obligatorio.
Otro de los aspectos de preocupación para Baruch es la creciente postura anti derechos, la cual se vale de un aparente lenguaje científico y de derechos humanos para censurar todas las prácticas, vivencias y expresiones de las disidencias: “los nuevos obstáculos promovidos por el conservadurismo no solo no permiten el avance de derechos, sino que promueven la violencia y los discursos de odio, lo que puede tener una consecuencia incluso mortal”.
Para el SUJ cualquier manifestación discriminatoria es condenable y debe ser erradicada. Nuestra apuesta seguirá siendo el eliminar toda relación de opresión basada en la supuesta inferioridad, del tipo que esta se argumente. Por ello, nuestra energía, recursos, tiempo y creatividad seguirán orientándose a lograr que todas las personas puedan vivir plenamente todos sus derechos.
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