- Juan Carlos Silas y Luis Medina Gual, integrantes del Campo en Modelos y Políticas Educativas del SUJ, revisan las implicaciones del contexto normativo federal para las instituciones privadas de educación superior.
En fechas recientes se aprobó la Ley General de Educación. Desde el punto de vista de los académicos del SUJ, uno de los aspectos más vanguardista de esta norma es la obligación que tendrán las instituciones en cuanto implementar políticas y mecanismos para evitar la violencia, garantizar un trato respetuoso, igualitario y un clima libre de acoso a las mujeres dentro de los campus.
Por otro lado, los expertos en educación, Juan Carlos Silas y Luis Medina Gual, consideran que la ley se enfocó a reforzar la posición rectora del Estado en lo que ya existe y deja pendiente el evolucionar el sistema educativo superior para que funcione como verdadera palanca del desarrollo nacional.
Respecto de la educación superior privada, los especialistas de las universidades jesuitas evalúan que la ley:
- Centra su mirada en el control más que en el desarrollo de las instituciones particulares, el énfasis se pone en proteger a los “clientes” (estudiantes y familias que recurren a ellas). Si bien hay datos de instituciones superiores privadas que dejan mucho que desear, también lo es que existe un grupo que está a la vanguardia del trabajo académico y la generación de conocimiento, por lo que se pueden convertir en socios del Estado para la transformación socioeconómica.
- La participación de las instituciones privadas queda diluida en instancias donde se construyen las estrategias para el desarrollo de la educación superior tanto a nivel federal como estatal.
Silas Casillas y Medina Gual, consideran fundamental recuperar la experiencia y propuestas del sector educativo privado para fortalecer las estrategias de desarrollo nacional, lo cual supone garantizar la colaboración de las instituciones privadas de educación superior en tres aspectos importantes: 1) Programa de ampliación de oferta nacional, regional, estatal; 2) el Programa nacional de educación superior y 3) el Sistema de evaluación y acreditación de la educación superior.
Por otro lado, los académicos del SUJ señalan que, si bien el Sistema Nacional de Investigadores suspendió temporalmente la decisión de retirar estímulos a académicos de instituciones privadas, se tiene información de una inminente reforma al reglamento de ese sistema, la cual excluiría de los estímulos a los investigadores provenientes de universidades o centros de investigación privados; lo cual generará dos clases de investigadores, debilitará aún más a la ciencia e investigación en México al poner en riesgo programas de posgrado de alto perfil de las universidades privadas.
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