- Se calcula que existen aproximadamente 88,119 personas desaparecidas o no localizadas en todo el país.
Como San Ignacio lo decía “El amor se ha de poner más en las obras que en las palabras”, y es que el amor al prójimo es el que te hace actuar ante las injusticias sociales; como en el caso de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, donde como ciudadanos tenemos la tarea de velar porque las instituciones públicas actúen cumpliendo con sus obligaciones.
La IBERO Puebla es una de las universidades jesuitas que trabaja en la consecución de Verdad y Justicia junto con organizaciones defensoras y familias de personas desaparecidas.
Para avanzar al respecto, la universidad del SUJ de Puebla presentó al Congreso de ese estado una iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para que dicho órgano legislativo cumpla su obligación de armonizar su norma local a lo establecido en la Ley General en Materia de Desaparición de Personas.
Sin embargo, hasta el momento el órgano legislativo poblano ha desatendido dicho mandato, con lo que vulnera y deja en indefensión a las personas desaparecidas y a sus familias.
El Mtro. Simón Hernández León, coordinador de la Licenciatura en Derecho de la universidad jesuita de Puebla, señala que el congreso de esa entidad litiga contra las familias de las personas desaparecidas bajo la premisa de que no existe ninguna obligación de emitir una legislación estatal: “Esta narrativa tiene la intención política de deslindar a la Legislatura de toda responsabilidad y va en contra de lo realizado por 14 estados que ya legislaron”.
A pesar de existir pronunciamientos recientes de la Suprema Corte sobre el incumplimiento de plazos para legislar, el Poder Judicial de la Federación en Puebla no ha concedido las suspensiones que permitirían iniciar el proceso legislativo antes de cerrar el último periodo ordinario de sesiones.
Con la finalidad de impulsar y enriquecer la discusión y aprobación de la iniciativa de ley, a inicios del mes de junio se realizó una mesa de trabajo interinstitucional para retroalimentar y perfeccionar la propuesta de los colectivos y de la universidad del SUJ; sin embargo, hasta ahora el proceso se encuentra estancado y la iniciativa de ley aún no ha sido dictaminada.
Al respecto, el Mtro. Roberto Alonso Muñoz, académico en el SUJ, señala que “existen condiciones jurídicas para dictaminar la iniciativa, por lo que se exige al Congreso de Puebla cumpla con su palabra y legisle en favor de las personas desaparecidas en el estado y sus familias”.
Por su parte, María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo La Voz de los Desaparecidos en Puebla, y quien busca a su hijo Juan de Dios desde hace 50 meses, señala que la actitud del congreso poblano “tiene a la deriva a más de 2,700 familias; muchas de ellas continúan afrontando con entereza el dolor provocado por la desaparición, pero también por la indolencia de la autoridad. Es incomprensible que la crisis humana que vivimos en Puebla ni siquiera les trastoque. Es claro que a los legisladores no les importa porque no son sus familiares”.
Aún cuando la iniciativa legislativa fue elaborada por el colectivo La Voz de los Desaparecidos, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y las instancias especializadas de la IBERO Puebla, la principal preocupación de los colectivos de familiares de personas desaparecidas es que el proyecto legislativo sea saboteado: “Nos preocupa mucho esta forma de actuar porque sólo son artimañas para callar a las familias. No tenemos otra forma de interpretar lo que está sucediendo”.
Dado que la desaparición de personas es una grave violación a los derechos humanos que genera mucha destrucción y dolor en quienes la viven, en el SUJ exhortamos enfáticamente a los distintos ordenes del poder público a que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos, particularmente en la implementación de los estándares más altos para la atención, resolución, sanción y reparación de casos de desaparición de personas.
Consideramos que el Congreso de Puebla no puede evadir sus obligaciones de legislar a favor de la población, ni puede obviar el mandato que los ciudadanos les han conferido para determinar los marcos legales adecuados y necesarios que contribuyan a generar condiciones de Justicia y Verdad, particularmente para casos graves de violaciones a los derechos humanos tal como lo es la desaparición de personas.
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