- A pesar de las décadas de trabajo para lograr que todas las personas vivan plenamente sus derechos, aún hay quienes no los conocen y que justifican cuando estos se violentan.
Entre las graves consecuencias que tiene la crisis de seguridad, impunidad y corrupción que afecta a todo nuestro país esta que para muchas personas se justifican acciones ilegales e ilegítimas con tal de “contener” la violencia e inseguridad.
En cuanto a la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la mayoría de la población sabe, por sentido común y por información general, que son acciones ilegales e injustificables; sin embargo, en la mente de muchas personas se pueden construir “justificaciones” para ejercer violaciones a los derechos humanos con tal de lograr “justicia”.
Al respecto, Alejandra Nuño, directora del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, SJ (CUDJ) del ITESO, y Salvador Leyva Moreno, secretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública, charlaron sobre la situación actual de la tortura en México.
Nuño señala que el primer y más grande obstáculo para eliminar la tortura en México es lograr erradicar del imaginario colectivo que cualquier acción es válida con tal de lograr justicia: “Hoy en día estamos acostumbrados a escuchar sobre desapariciones, violencia de género y tortura que es una gravísima violación a los derechos humanos. En cuanto a la tortura no es infrecuente escuchar a alguien que diga: a esta persona se le tiene que torturar porque se lo merece, porque si lo maltratamoss seguro dará información sobre donde están nuestros familiares desaparecido o sobre otros delitos que haya cometido”.
Esta manera de ver las cosas contribuye a que ésta grave violación a los derechos humanos se siga cometiendo: “Cuando alguien es víctima de un delito, directa o indirectamente, y se encuentra a un presunto culpable, es fácil caer en la tentación y esperar que se haga lo necesario para que confiese. Sin embargo con éstas prácticas se incurre en un sinfín de violaciones a la ley y a los derechos humanos. Una investigación o un juicio que pasa por alto un acto de tortura no llegará a buen puerto para conseguir el fin último que es la justicia”, enfatizó la defensora de derechos humanos en el SUJ.
Por su parte, Salvador Leyva Moreno, señaló que tan sólo en 2022 se han presentado más de 5 mil 300 denuncias por tortura en contra de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de la Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN), el Instituto Nacional de Migración (INM) y policías estatales, entre otras autoridades; sin embargo, hasta ahora sólo tres casos fueron llevados a juicio: “No hay una institución a la que realmente le interese el tema del combate a la tortura. Ni al sistema penitenciario, ni a la Secretaría de Gobernación (Segob), ni a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, ni a las defensorías locales”.
Esta lamentable realidad institucional se agrava cuando las personas de a pie consideran que es justificable golpear, privar del sueño, amenazar, entre otras cosas, a una persona para lograr de ella una confesión o la inculpación de otras personas en la comisión de un delito y/o violación a los derechos humanos.
Como SUJ consideramos que superar la crisis de impunidad, violencia y corrupción también pasa por lograr que la población pueda formarse más profundamente en el reconocimiento y aprecio de la dignidad y derechos de todas las personas sin excepción.
Elevar la conciencia ética y sentido de justicia entre las personas de a pie, es también un elemento central en el proceso de transformación de la sociedad. La construcción y profundización de una cultura de derechos humanos forma parte del fortalecimiento de la conciencia moral de la sociedad, la cual tiene que lograr en las personas la capacidad de oponerse de forma inmediata y natural ante hechos ilegítimos, ilegales y graves como lo es la tortura.
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