- La sombra del terrorismo, la expansión y sofisticación del crimen organizado son algunos de los ejes que caracteriza el discurso que justifica la violación a la privacidad de los ciudadanos en nombre de la seguridad nacional.
El Rector en el SUJ, Mario Patrón Sánchez, recuerda que en 2017 la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Citizen Lab de la Universidad de Toronto hicieron públicos los primeros casos de un operativo de espionaje a periodistas y activistas en México financiado con dinero público e instrumentado desde las altas esferas gubernamentales.
Desde entonces, las y los mexicanos nos hemos enterado de la dimensión y gravedad de este atroz uso de la información privada de la ciudadanía a través de la intervención ilegítima de las telecomunicaciones. Sin embargo, el caso permanece impune. De los 50 mil casos filtrados en la investigación, 15 mil son teléfonos mexicanos que fueron intervenidos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, con lo que el gobierno de México aparece como el principal usuario de esta tecnología.
Entre los 15 mil ciudadanos que fueron espiados hay defensores de derechos humanos, activistas, 25 periodistas, familiares de los 43 jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa y opositores al anterior régimen, entre ellos Andrés Manuel López Obrador y distintos integrantes de su actual gabinete.
Patrón Sánchez enfatiza que el escándalo de esta situación tiene que ver con la violación, a gran escala, de la privacidad de los ciudadanos así como con el uso de dinero público para vulnerar a quienes ejercen y defienden el derecho a saber, informar y exigir justicia en vez de combatir el crimen y la impunidad: “No podemos negar que la inteligencia la requiere todo Estado, lo fundamental es que esta actividad sea rigurosamente regulada y vigilada por instituciones públicas para garantizar que esté sujeta a un efectivo control democrático. Las presiones mediáticas y de la sociedad civil obligaron al gobierno actual a hacer públicos los contratos de los servicios de inteligencia; sin embargo, se ha avanzado poco en el esclarecimiento del caso y menos aún se ha logrado en cuanto a la creación y desarrollo de los mecanismos necesario para que las labores de inteligencia estén sometidas a controles democráticos. Se trata de que la inteligencia no sólo sea un acto legal, sino que se desarrolle bajo el escrutinio de la rendición de cuentas. Hoy en día, la ley establece que un juez federal es el único que puede autorizar la vigilancia de un ciudadano, pero debe existir un marco bastante más robusto para autorizar estas acciones, para regular la adquisición y uso de tecnologías, así como para garantizar la debida rendición de cuentas y la transparencia”.
Debido a la gravedad del asunto, los Sistemas Interamericano y Universal de protección a los derechos humanos emitieron un comunicado expresando su preocupación y han pedido al gobierno mexicano haga una investigación efectiva e imparcial que preserve los derechos de las víctimas, desarrolle una mejor regulación en la materia, así como la implementación de una moratoria inmediata sobre la venta, transferencia y uso de tecnología de vigilancia hasta que existan marcos normativos alineados a los derechos humanos.
El Rector de IBERO Puebla considera que: “Es urgente legislar en favor de la libertad de expresión, la seguridad de periodistas y activistas, así como en favor de la privacidad. Dicho proceso normativo debe delimitar éstas prácticas de manera clara, asumiéndose como un mecanismo excepcional, destinado a investigaciones de orden criminal y realizado bajo constante supervisión de controles judiciales, parlamentarios y autónomos. Mientras no existan marcos legales robustos y controles democráticos frente a este tipo de facultades estatales, el uso de ellas tendrá el riesgo constante de convertirse en espionaje para ser utilizado según los fines políticos del gobierno en turno. Un gobierno que espía a las víctimas y no a los victimarios es un gobierno que encubre y reproduce la impunidad. Es urgente contar con controles democráticos que garanticen el uso legal y legítimo de la labor de inteligencia del Estado”.
Para el SUJ la lucha contra el crimen organizado no se opone a la garantía y ejercicio pleno de los derechos humanos y del Estado Democrático de Derecho. De hecho, consideramos que cualquier política, programa, proyecto o decisión gubernamental que no se determine y ejerza bajo ese enfoque será ilegítima y, por tanto, opuesta a la protección de la dignidad e integridad de las personas.
Ningún gobierno que se pretenda democrático puede legitimarse si no es bajo un ejercicio bajo control democrático, transparente y sometido a rendición de cuentas.
Spanish