- En la IBERO CDMX se desarrollan 10 propuestas a la vía militar de la seguridad, que van desde investigación aplicada para la incidencia hasta la justicia transicional.
Ernesto López Portillo, experto en seguridad ciudadana dentro del SUJ,en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, considera que la vía militar de la seguridad se nutre de la debilidad o ausencia de propuestas y experiencias creíbles de seguridad en clave de vía civil: “Mucha gente jamás ha pasado por una vivencia positiva en seguridad con las autoridades civiles y justo por eso cree en el mito militarista de la recuperación de la paz, aceptando ceder el liderazgo a las instituciones castrenses”.
En oposición, el especialista enfatiza que el rechazo a la vía militar manifestada por distintos actores dentro y fuera del país se funda en la evidencia de que la seguridad sólo protegerá y servirá a la gente si ésta participa en todo el ciclo de política pública: “Las personas deben ir al centro. En el SUJ entendemos que la seguridad ciudadana es un bien público coproducido con la participación de la sociedad civil y la responsabilización de actores estatales, que habilita modos de convivencia democráticos para reducir los riesgos, los temores y los daños de manera efectiva y sostenible, aplicando de manera transversal los enfoques de derechos humanos, género e interculturalidad”.
Asumiendo que la universidad es un actor fundamental en el proceso de construcción de la cosa pública, el coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana en el SUJ propone 10 ejes para articular una agenda universitaria que desarrolle y concrete la vía civil de la estrategia de seguridad en nuestro país:
- Agenda política sobre plataforma de incidencia. Se propone consolidar coaliciones sociales a favor de la seguridad ciudadana con agenda de mínimos y estrategias políticas de incidencia, conducidas por mesas permanentes de coordinación. No habrá incidencia sin innovación en las metodologías para lograrla.
- Pedagogía y comunicación (la disputa de narrativas). La pedagogía política y social a favor de la seguridad ciudadana es la más importante para reemplazar el paradigma autoritario de la seguridad enfocado en el uso de la fuerza, la intervención militar y el castigo penal. La propuesta es construir narrativas basadas en plataformas pedagógicas y de comunicación acordes a los formatos actuales de disputa de narrativas. No habrá seguridad ciudadana si ésta no es significada desde los territorios como una promesa convincente.
- Investigación aplicada para la incidencia. La propuesta es que las instituciones de educación superior cuenten con centros especializados vinculados a la toma de decisiones. Hemos documentado decenas de centros de pensamiento que lo hacen a lo largo del mundo y en el SUJ se cuenta con una propuesta concreta de Centro de Investigación Aplicada para la Seguridad Ciudadana.
- Programas escolarizados de alta especialidad. La agenda de los centros de investigación aplicada o de departamentos y facultades de las universidades debe vincularse, a su vez, al diseño de programas innovadores en seguridad ciudadana orientados a la incidencia, desarrollando cuadros expertos vinculados a la investigación y a la formación (buena práctica formativa).
- Programas no escolarizados para el aprendizaje acelerado por parte de operadores de gobierno. Proponemos multiplicar la oferta de programas de formación en aspectos técnicos útiles para su aplicación práctica por parte de operadores de gobiernos que no cuentan con referentes de mejora. La agenda de contenidos debe ser construida con las propias instituciones, dialogando con gobiernos ubicados en desarrollo nulo, medio y avanzado en políticas de seguridad ciudadana.
- Laboratorios sociales de innovación. La sociedad civil organizada y la academia ya cuentan con experiencias y saberes que incluyen la mejor evidencia disponible para responder qué funciona y qué no funciona para reducir las violencias. Las metodologías de laboratorios sociales de innovación instalan espacios de auténtico diálogo y escucha profunda y activa y fuerzan la construcción de “prototipos” para resolver problemas concretos. Su instalación debe aprovechar las metodologías de diálogo que ya usan las organizaciones y los colectivos, enfatizando el compromiso de construir propuestas concretas de aplicación práctica.
- Centro Nacional de Evaluación y Certificación de Servicios de Seguridad Pública. Proponemos reemplazar el Sistema Nacional de Seguridad Pública con esta entidad. Este órgano aprendería de entidades oficiales y académicas que ya hacen evaluación de políticas públicas y de experiencias de certificación en los ámbitos público y privado. Diseñado como un órgano de Estado autónomo y sujeto a un órgano de gobierno ciudadanizado, el Centro estaría facultado para reconocer con validez el cumplimiento de estándares de servicio homologados para la prevención de las violencias y el delito, la función policial, la investigación de los delitos y la reinserción social.
- Unidades modelo de liderazgo para la seguridad ciudadana. Los gobiernos necesitan construir el saber para redirigir su política de seguridad hacia el paradigma de la seguridad ciudadana. Proponemos inducir en ellos el diseño de marcos de referencia que orienten hacia el objetivo, el plan estratégico, el diseño orgánico y los estándares de operación de unidades coordinadoras que aseguren el liderazgo a favor de la seguridad ciudadana, respaldadas por los poderes ejecutivos estatales y municipales.
- Reforma policial democrática. Ya cuenta México con experiencia práctica de mejora policial en algunos municipios, entidades y en la Ciudad de México. Su documentación sin embargo es exigua o nula. La reforma policial democrática necesita referentes de conocimiento creíbles; las universidades deben participar publicando muestrarios de mejoras documentadas con los métodos aceptados, tarea a ser implementada por las entidades de investigación aplicada para la incidencia. Esta propuesta ha sido validada por muchos años en entrevistas con operadores policiales de los tres órdenes de gobierno.
- Justicia transicional. Nos postulamos a favor de avanzar en la activación de auténticos mecanismos de Justicia Transicional, trazando una pedagogía que vincule las atrocidades y su repetición con la reproducción del paradigma fallido hegemónico de seguridad.
La convicción del SUJ en cuanto a la importancia de revisar de fondo la estrategia de seguridad del gobierno actual no es sólo una demanda legítima compartida por distintos sectores de la población, también es un tema de nuestra agenda institucional.
Los diez ejes que se proponen como parte de una agenda universitaria que impulse la vía civil de la seguridad ciudadana representan el trabajo de muchos años, así como de muchas y muchos especialistas en el SUJ, que ofrece una posible ruta de debate y de trabajo intersectorial para avanzar en la construcción ordenada y sistemática de un nuevo paradigma y estrategia de seguridad ciudadana para nuestro país.
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