- Información surgida del hackeo a las fuerzas armadas mexicanas abren cuestionamientos sobre si las fuerzas armadas realmente tienen como prioridad contener a las organizaciones delincuenciales y abatir la violencia derivada de su actividad.
Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana en el SUJ, nos ayuda a enfocar un ángulo poco observado respecto del papel que juegan las fuerzas armadas frente a la violencia provocada por la delincuencia en el país.
El experto en seguridad ciudadana del SUJ expone que, a partir del hackeo a la SEDENA, se tuvo el acceso a información que permite saber que las instituciones militares operan bajo un enfoque de gestión de violencias en vez de reducirlas.
Para ilustrar lo anterior con un caso concreto y cercano, el académico en el SUJ señala que frente al homicidio de los sacerdotes Joaquín Mora y Javier Campos, el diario EL PAÍS reveló que dos años antes de la tragedia el Ejército conocía prácticamente toda la actividad de El Chueco: “EL PAÍS reveló que el Ejército mexicano conoce todo del reino criminal de El Chueco, incluyendo sus alianzas con el Cartel de Sinaloa, las rutas de tráfico de droga que utiliza y el régimen de terror que ha implementado a la población civil de esa región. El Chueco estaba dentro de una lista de objetivos prioritarios de su aparato de inteligencia. A pesar de todo, no se tomaron previsiones y las alarmas sonaron sólo hasta que los jesuitas y el guía de turistas fueron asesinados”.
López Portillo enfatiza las revelaciones de EL PAÍS en cuanto a que antes de los asesinatos las fuerzas armadas mexicanas sabían que “El Chueco y su gente mantienen en la región el control del tráfico y la venta de droga, así como de secuestros, extorsiones, cobro de piso, la tala clandestina y ejecuciones, entre otros delitos. El informe de la SEDENA hackeado, documenta que el grupo criminal tiene infiltrado y bajo control a los cuerpos de policía locales, los cuales, al ser rebasados en efectivos y/o armamento, optan por no actuar en contra de estos”.
Lopez Portillo, recordó también que días posteriores al asesinato de nuestros hermanos jesuitas, el Ejército hizo un gran despliegue en la región. El 23 de junio, el Ejército dio cobertura perimetral a la Fiscalía de Chihuahua para facilitar su actuación en la que aseguró drogas, armas y un inmueble en Urique. Un día después detuvieron al abuelo y al tío de El Chueco y se les confiscaron una arma larga con 70 cartuchos. El 26 de junio, arrestaron a otras seis personas y se incautaron más armas de fuego y equipo táctico. Dos días más tarde, militares interceptaron un autobús de pasajeros y decomisaron nueve kilos de droga. Y el 29 de junio se aseguraron casi 6.400 cartuchos y más de una veintena de granadas en Urique. A pesar de todo ello, El Chueco sigue libre y el caso de las tres personas asesinadas en Cerocahui se mantiene en la impunidad.
Frente a ésta revelación, el especialista en Seguridad Ciudadana del SUJ considera que desde el punto de vista ético, político, jurídico, de política pública, programático y estratégico, la revelación nos permite ver un ángulo altamente sensible y delicado: “Esta filtración nos permite mirar que con frecuencia las instituciones militares podrían estar operando bajo un enfoque de gestión de la delincuencia y las violencias y menos con uno relacionado en reducirlas”.
Como SUJ, acompañamos la preocupación de Ernesto López Portillo y también nos unimos al rechazo y la indignación manifestada por la Compañía de Jesús en cuanto a la inexplicable e ilegítima inacción del Estado mexicano que, teniendo información previa, clara y suficiente de las actividades delictivas de quien perpetró el asesinato de Joaquín Mora y Javier Campos, no actúo para prevenir hechos violento y, hasta la fecha, no ha actuado para erradicar la acción delictiva y violenta en Chihuahua.
De igual forma, nos sumamos a la indignación, preocupación y reclamo respecto del monitoreo de las acciones y declaraciones de autoridades eclesiásticas que el Estado mexicano realiza mediante las fuerzas armadas que legítimamente se han manifestado por la violencia que cotidianamente reciben, en lugar de realizar los procesos conducentes para erradicar la delincuencia, así como para detener y procesar al perpetrador de los asesinatos de nuestros hermanos jesuitas.
Finalmente, como SUJ nos manifestamos en solidaridad, reconocimiento y agradecimiento por el trabajo de nuestra obra hermana, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, de cuyo historial de promoción, protección y defensa de derechos humanos hay mucha información y hechos que no admiten, bajo ninguna circunstancia, calificarles como “grupo de presión”, tal como lo han clasificado las fuerzas armadas mexicanas.
Si te interesa profundizar más en el trabajo de análisis que desde el SUJ se realiza respecto de las consecuencias de la militarización de la seguridad pública, te invitamos a nuestros Cafecitos Serenos, donde personas expertas nos comparten sus investigaciones, análisis y reflexiones respecto de lo que hacen y dejan de hacer las instituciones militares y policiales frente a los contextos de delincuencia con amplios márgenes de impunidad.
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