- Ser uno mismo es un derecho fundamental. Poder ser, manifestarse, pensar y existir tal como cada quien es, es lo mínimo e irrenunciable que las personas tenemos derecho a gozar sin restricción ni condicionamiento.
Las décadas de 1950 y 1960 fueron tiempos difíciles y de muchas luchas para las personas LGBT+ pues la sociedad y el sistema legal excluía y hostilizaba a las personas LGBT+.
En esas décadas hubo muchos esfuerzos para reivindicar que las personas homosexuales son parte de la sociedad y se desarrolló mucho trabajo para implementar una cultura de respeto y no de confrontación entre personas homosexuales y heterosexuales.
En el contexto de las turbulencias provocadas por la lucha de los derechos civiles para los afroamericanos, de la contracultura, el movimiento hippie y las manifestaciones contra la guerra de Vietnam, surgieron las protestas de Stonewall, estado de Nueva York, a raíz de varias redadas realizadas contra bares y establecimientos que acogían a personas abiertamente homosexuales.
Si bien la intervención policial en estos sitios era cotidiana, las realizadas en Stonewall Inn atrajeron a muchas personas y provocaron una rebelión no esperada. Lo sucedido el 28 de junio de 1969 en Nueva York fue el punto de partida de muchas manifestaciones y protestas. Los manifestantes de Stonewall se convirtieron en activistas que lograron concentrar la atención y energía de otras personas para que las mujeres y hombres homosexuales tuviesen sitios donde poder manifestarse sin temor a ser arrestados.
Sabiendo que aún existe mucho camino por recorrer en cuanto al respeto a la identidad y a los derechos de las personas LGBT+, en las universidades del SUJ realizamos diversas actividades conmemorativas del Día Internacional del Orgullo LGBT+, el cual tiene sus antecedentes en los disturbios de Stonewall.
SER UNO MISMO es un derecho básico y fundamental; a eso apelan las luchas de las personas LGBT+: poder ser, manifestarse, pensar y existir tal como cada quien es, es lo mínimo e irrenunciable que las personas tenemos derecho a gozar sin restricción ni condicionamiento.
En las diferentes actividades realizadas en las 8 universidades del SUJ nos pareció importante reconocer que, después de tantas décadas de lucha y trabajo, las y los cientos de activistas y grupos de defensa de derechos de la comunidad LGBT+ han logrado avances que vale la pena aquilatar.
En IBERO Puebla, Fanny Gómez, profesora de la Universidad de Georgetown, recordó que en América Latina han sucedido tres cosas: México, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia y Ecuador son los que más han avanzado en políticas que protegen a la comunidad LGBT+; en Costa Rica, Panamá, Bolivia, Brasil, Honduras, El Salvador y Cuba los marcos normativos son insuficientes. Por lo que hace a Venezuela, Paraguay, República Dominicana, Nicaragua y Perú la cultura homofóbica continúa institucionalizada.
En México, mencionó la especialista, hay algunos avances legislativos y judiciales: en 2015 la Suprema Corte aprobó el matrimonio igualitario, en 2018 se legitimó el concubinato y la adopción entre personas del mismo sexo. Respecto a la adopción, se decretó que la orientación sexual de una persona no puede ser considerada como elemento que se contraponga al principio de interés superior del menor. De igual forma, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado grandes pasos para la inclusión de personas LGBT+, con discapacidad, afrodescendientes e indígenas en la vida política mexicana.
La profesora de la Universidad de Georgetown señaló que los derechos de la comunidad LGBT+: “No son derechos especiales, es el principio de no discriminación llevado a la esfera de la orientación sexual y la identidad de género”.
Sin embargo, y a pesar los avances conseguidos, las personas LGBT+ siguen padeciendo la discriminación, exclusión y violación a sus derechos. La profesora Gomez señaló que: “Las personas LGBT+ enfrentan diversos obstáculos en el acceso a la justicia, entre ellos el prejuicio, la revictimización, la falta de mecanismos apropiados y una insensibilidad generalizada por parte de las autoridades. La gran mayoría de asesinatos de personas lesbianas, gais y bisexuales inicialmente se caracterizan como delitos derivados de emociones; el típico ‘crimen pasional’. Cuando se inicia una investigación prejuiciada el caso no se resuelve. En el caso de las mujeres trans, las indagatorias inician desde el supuesto de que las afectadas estaban involucradas en actividades delictivas”.
Por su parte, el profesor de Derecho en IBERO Torreón, Salvador Castillo Rangel, recuerda “La Encuesta Nacional sobre Discriminación establece que el 3.2% de la población se autoseñaló como no heterosexuales, es decir, casi 3 millones de personas. Sin embargo, el 68% de la población considera que las personas LGBT son discriminadas. De manera alarmante, el 60% de las personas mayores de 60 años no rentarían una habitación a una persona trans ni aceptarían que sus hijos tengan parejas del mismo sexo. Afortunadamente atisbamos esperanza cuando vemos que el 76% de las personas jóvenes en el país rentarían una habitación a una persona trans y 70% aceptaría que sus hijos tengan parejas del mismo sexo”.
Como SUJ consideramos que para lograr un reconocimiento y protección integral de los derechos de las personas LGBT+, es necesaria una mirada interseccional, la cual permitirá reconocer las múltiples vulnerabilidades que esta comunidad suele enfrentar. El enfoque interseccional supone que, al reconocer las diferentes aristas de una problemática, haya mayor coordinación interinstitucional, intersectorial y transdiciplinaria para lograr la mayor protección posible a ésta comunidad de comunidades.
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