- “En México diversos organismos autónomos están encargados de vigilar el cumplimiento y respeto de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y en los tratados internacionales de los que México es parte”, Santiago Corcuera Cabezut.
El especialista internacional y académico en el SUJ, Santiago Corcuera Cabezut, nos recuerda que en México, además de la Comisión Nacional y las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, existen otros organismos que protegen, promueven y defienden derechos humanos específicos, tales como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Instituto Nacional Electoral (INE) que se enfoca a los derechos políticos.
Corcuera enfatiza que para que puedan cumplir su propósito, los órganos autónomos de derechos humanos deben lograr ciertas condiciones institucionales.
Los Principios de París son el instrumento que establece las pautas de independencia que las instituciones de derechos humanos deben tener para garantizar la representación de la sociedad. Entre esas pautas está que la elección de sus integrantes debe garantizar una representación pluralista e independiente y que si la administración pública debe incluirse en sus órganos de gobierno sólo deben participar en los debates a título consultivo.
En México, nos dice Santiago Corcuera, este aspecto no se cumple pues algunos de los organismos de derechos humanos mencionados tienen juntas de gobierno en las que diferentes dependencias de la administración pública participan con voz y voto, lo que limita la independencia orgánica de dichas instituciones.
Otra de las pautas establecidas por Los Principios de París, señala el académico en el SUJ, es que las instituciones de derechos humanos cuenten con una infraestructura apropiada y recursos económicos suficientes para desempeñar sus funciones y mantenerse libres de controles financieros que limiten su independencia.
Corcuera Cabezut recuerda que en fechas recientes la autonomía orgánica y financiera del INE ha sido muy discutida, particularmente en cuanto a sus capacidades presupuestales para desempeñar sus funciones en la consulta de “revocación de mandato”. En ese contexto, dice el especialista, se han presentado diversos intentos para socavar la autonomía de dicho organismo.
Analizando un poco más de cerca el caso del INE, el defensor de derechos humanos, retoma a José Woldenberg, primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral, quien ha señalado que el INE y sus consejeros han defendido su autonomía frente a los intentos de socavarla, como aquel en que se denunció penalmente a su presidente y a diversos consejeros.
Frente a ello, Corcuera se hace eco de la opinión de José Woldenberg en cuanto a que su principal preocupación no son los “excesos” del INE, sino los del Presidente de México, a quien no le gusta convivir con organismos autónomos a pesar de que la propia Presidencia de la República se beneficia de las instituciones del Estado autónomas.
Frente al contexto actual, y dado lo que implican para el fortalecimiento de la democracia en México, el profesor de derechos humanos en el SUJ refrenda la importancia de defender la autonomía del INE y de las demás instituciones nacionales de derechos humanos. Como Sistema Universitario Jesuita consideramos de la más alta importancia el fortalecer la división de poderes y fortalecimiento de las instituciones autónomas como elemento básico del andamiaje democrático que nuestro país requiere.
Cualquier proceso democrático con posibilidades de éxito requiere de instituciones fuertes que sean capaces de vigilar y de hacer contrapeso a los demás actores en el escenario público. Por ello hacemos nuestro el llamado en cuanto a fortalecer y defender a a los diversos organismos de nuestro amplio sistema de protección, promoción y defensa de derechos humanos.
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