- Académicos investigadores y una alumna de la Ibero León entregaron al Comité contra Desaparición forzada de la ONU (Comité CED), el Informe “Desapariciones, búsqueda y crisis de derechos humanos en Guanajuato”.
La universidad jesuita IBERO León, como parte de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, entregó el informe “Desapariciones, búsqueda y crisis de derechos humanos en Guanajuato” al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (CED) en su visita a esa entidad. Lo hicieron desde la Plataforma por la Paz y la Justicia en GTO de la que forman parte.
En el contexto de su visita a Guanajuato, el CED se encontró con académicos de IBERO León; colectivos de búsqueda de Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato; Serapaz, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” y la Plataforma por la Paz.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas realiza su primera visita oficial a México en un momento en que organismos internacionales, como Amnistía Internacional, lo colocan a la cabeza del continente en cuanto a personas desaparecidas, con 94,426 desde 1964.
En su visita, el CED recibió información en cuanto a que en Guanajuato hay 2,619 personas desaparecidas, así como centenares de fosas clandestinas y campos de exterminio, los cuales se han multiplicado al amparo de la impunidad y la corrupción.
El reporte establece que la crisis humanitaria, de derechos humanos y de violencia de la región se ha recrudecido de 2018 a la fecha. Los datos ofrecidos en el informe establecen que Celaya (378), Irapuato (338), León (295), Salamanca (167), Pénjamo (123), Abasolo (74), Acámbaro (68), Salvatierra (67), Apaseo El Alto (63) y Silao (60) son los primeros diez municipios por número de casos, concentrando el 62% del total (1,663 de 2,619). Por otro lado, el porcentaje de localización y recuperación de personas desaparecidas ha bajado hasta un 2.74% del total de reportes.
A estos datos de gravedad, se suma que en 2020 Celaya, Irapuato y León estuvieron respectivamente en el lugar número uno, cinco y 47 del ranking de las ciudades más peligrosas del mundo por tasa de homicidios dolosos cada 100 mil habitantes.
En cuando a la dinámica de la desaparición, el documento recupera como fuente valiosa los testimonios de víctimas directas a indirectas de desaparición, quienes permiten identificar el contexto que facilita la comisión de ésta grave violación a los derechos humanos, el que se caracteriza por: ataques de grupos armados de tipo paramilitar (vestidos como militares o con equipamiento táctico, a bordo de camionetas de rediles y con armamento de uso exclusivo del ejército), operaciones de rastreo y desapariciones masivas (particularmente en ciertas colonias, anexos y casas particulares), falsos retenes, confusión creciente entre agentes policiacos y grupos ilegales, así como prácticas criminales de control territorial, extorsión y extracción forzada de rentas y recursos en contra de la población.
De igual forma, el reporte ofrece datos que permiten afirmar que la mayoría de las desapariciones en la entidad son forzadas como consecuencia de falta de debida diligencia y patrones de colusión y omisión de fuerzas armadas, instituciones de seguridad ciudadana y procuración de justicia con el crimen organizado y grupos paramilitarizados.
Otro aspecto que revela el informe es la relación de las desapariciones con otros delitos, tales como maltrato o desfiguración extrema del cuerpo, mutilación, feminicidio agravado, linchamiento, tortura, descuartizamiento, esclavitud, violación sexual agravada, terrorismo, profanación de cadáveres, entre otros.
Aunado a lo anterior, el documento ahonda en otras aristas de la crisis humanitaria y de derechos humanos, por ejemplo en cuanto a la falta de transparencia y rendición de cuentas, la crisis forense, las limitaciones al derecho a la participación de los familiares en los programas y decisiones públicas que les interesan o afectan, la ausencia de políticas de prevención del delito, la falta de seguridad y protección para de las buscadoras, todas ellas caracterizadas por la falta de voluntad e/o incompetencia institucional de las autoridades involucradas.
En su parte final, el reporte señala que para avanzar en la prevención, erradicación y sanción de las desapariciones en Guanajuato hace propias las recomendaciones del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos donde se artículan 70 colectivos del país.
Como SUJ, reconocemos, acompañamos e impulsamos el trabajo digno que realizan las familiares, organizaciones, colectivos de búsqueda y académicos afectados por la desaparición de personas en Guanajuato y en cualquier parte del territorio mexicano.
De igual forma, consideramos que la visita del CED a México constituye una esperanza y una nueva oportunidad para establecer condiciones que contribuyan a la recuperación de las personas desaparecidas, así como a la prevención, erradicación y sanción de ésta grave violación a los derechos humanos en todo el país.
En este contexto reiteramos nuestro llamado y exigencia a todos los ordenes del poder público en el país para que satisfagan con eficiencia, eficacia y contundencia el papel que la sociedad les ha asignado; así como a que determinen las condiciones y cursos de acción adecuados para que cumplan con sus obligaciones de derechos humanos, las cuales, al igual que la dignidad de las personas, son innegociables e impostergables.
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