- Esta investigación muestra el impacto sobre la vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) en su conjunto. El objetivo de este trabajo es tener un acercamiento empírico directo a este fenómeno, en el caso de Jalisco.
La vigencia de derechos humanos en países con una infraestructura de seguridad social endeble e inoperante depende en gran medida del empleo y el ingreso. No es la acción del Estado la que garantiza la vigencia de derechos, sino las acciones de las personas y sus redes de apoyo familiar y social.
La universidad jesuita de Guadalajara realizó una investigación en hogares de Jalisco para averiguar los efectos de la gestión pública federal, estatal y municipal respecto de la pandemia.
Entre los hallazgos reportados compartimos los siguientes:
- La gestión de la pandemia de COVID-19 en Jalisco fue deficiente en relación a la medición de la incidencia del virus, la aplicación de pruebas de detección y la eficacia de las medidas de protección y distanciamiento social:
- El gobierno federal falló en la estimación de la tasa de contagios, la cual fue 2.5 menor a lo reportado por los hogares de Jalisco.
- El Gobierno jalisciense tuvo serias deficiencias en la aplicación de pruebas de detección: el 70% de quienes buscaron obtenerlas desistieron porque les fijaron una fecha muy lejana.
- Los gobiernos municipales no fueron efectivos al aplicar medidas de protección y distanciamiento social.
- Las medidas de prevención adoptadas por las autoridades para contener los contagios (particularmente la suspensión de las actividades económicas “no prioritarias”) afectaron de manera severa los ingresos de los hogares de Jalisco, lo cual ha implicado efectos adversos en la vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el estado:
- 6% de quienes contribuyen a los ingresos de los hogares de Jalisco perdieron su empleo entre marzo y noviembre de 2020. Cerca de la mitad de ellos encontraron otro empleo y una cuarta parte más encontró otra fuente de ingresos en el mismo período. La cuarta parte restante ni encontró otro empleo ni otra fuente de ingresos.
- Las personas más pobres sufrieron recortes en las horas trabajadas. La combinación de pérdida de empleo y reducción de horas trabajadas generó la caída del 43.2% del ingreso de las familias jaliscienses.
- Estudiantes de más de 50 mil hogares del estado (de todos los niveles educativos) dejaron la escuela; lo cual afectó de manera particular a los hogares más pobres.
- La reducción de ingresos afectó particularmente el derecho a la alimentación: casi la mitad de los hogares manifestaron preocupación de que la comida se acabara. De igual forma, aumentó la cantidad de personas que reportaron haberse quedado sin alimentos, haber consumido menos de los estándares recomendados o haber dejado de alimentarse saludablemente.
- Aunque muchos problemas y retrocesos en la vigencia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ya existían de años atrás, la pandemia evidenció la gran debilidad de los servicios mediante los que se ejercen esos derechos y las disparidades preexistentes en su acceso:
- El derecho a la salud es uno de los más endebles en México pues la mayoría de la población carece de acceso a la seguridad social por no tener un contrato laboral. Por ello, la gente depende demasiado de los servicios del sector privado. Seis de cada diez hogares en Jalisco que enfermaron de COVID-19 se atendieron en consultorios u hospitales particulares.
- En materia de educación, los hogares más afectados fueron los de nivel socioeconómico bajo, debido a las condiciones preexistentes para el acceso a Internet y equipo de cómputo. Por tal razón, los estudiantes de cientos de miles de hogares no pudieron ejercer adecuadamente su derecho a la educación en el esquema de formación desde casa: 27.6% de hogares con estudiantes no tuvieron acceso a Internet y 52.5% no tuvieron equipo de cómputo suficiente.
- Los gobiernos federal, estatal y municipales no fueron eficaces en mitigar las consecuencias económicas de las medidas implementadas:
- Pese a la reducción generalizada del ingreso de las familias, los gobiernos no respondieron de manera adecuada con apoyos económicos, pues apenas 3% de los hogares de Jalisco reportaron haber recibido alguno, la mayoría de parte del Gobierno Federal
- En la práctica, el acceso a derechos humanos en Jalisco, como en todo el país, no depende, simplemente, de “ser persona” poseedora de dignidad, sino de tener cierto nivel de ingresos:
- La vigencia de derechos humanos en países con una infraestructura de seguridad social endeble e inoperante depende en gran medida del empleo y el ingreso. No es la acción del Estado la que garantiza la vigencia de derechos, sino las acciones de las personas y sus redes de apoyo familiar y social. Durante la pandemia, los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano fallaron en su obligación de garantizar el acceso a los derechos humanos de millones de personas por no contar con una infraestructura de seguridad social y por no reaccionar con la debida diligencia.
- El principio de universalidad en el ejercicio de derechos humanos no es vigente en Jalisco. En la práctica el acceso a los derechos depende de tener ingresos suficientes (a mayores ingresos, mejor se ejercen los derechos), depende de la escolaridad, así como de dinámicas sociales y culturales.
- Sistema de salud universal e ingreso básico universal, son dos medidas urgentes de política pública:
- Aunque la salud es un derecho humano, en la práctica se ejerce como un derecho laboral: más de la mitad de la población del país carece de protección en salud por no tener un empleo que le brinde seguridad social.
- La alta dependencia de los hogares de Jalisco a los servicios de salud privados evidencia la urgencia de adoptar, como lo han hecho otros países de ingresos medios, un sistema de salud universal de calidad.
Si bien el informe reseñado refiere al Estado de Jalisco, los hallazgos se convierten en analizadores de lo que sucede en el panorama nacional. Por ello, lo recuperado por la investigación del ITESO permite argumentar la urgencia del establecimiento de una política de ingreso básico universal garantizado por el Estado mexicano que posibilite el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su situación laboral y su ingreso.
Para el SUJ es insoslayable la discusión en cuanto a generar las transformaciones necesarias para lograr que el acceso universal a los derechos humanos sea prioridad de política pública en los tres niveles de gobierno, en particular en esta étapa de pandemia cuyos efectos profundizan aún más las precariedades que desde hace décadas vive la población en México.
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