- En México el 94.8% de los delitos cometidos no reciben justicia ni sanción.
En el 14 Foro SUJ de Derechos Humanos, Christel Rosales, de México Evalúa; Luis Enrique González, de Dignidad y Justicia en el Camino FM4 Paso Libre; Eduardo Rojas, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Guadalupe Ramos, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) analizaron la situación de la justicia en México, desde el punto de vista de las recién creadas físcalías.
En la mesa “Fiscalías en México: avances, retos y retrocesos”, las y los expertos reiteraron lo que la mayoría de las mexicanas y mexicanos padecemos: la falta de voluntad, la incapacidad y la insuficiencia de la respuesta pública para garantizar la procuración de justicia en nuestro país.
Christel Rosales, compartió una aproximación a la situación a la que nos enfrentamos para lo que ofreció algunos datos de 2020: 21.2 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas de un delito; durante ese periodo se cometieron 36 mil 579 homicidios (una tasa de 29 asesinatos por cada 100 mil habitantes); la violencia de género creció 27 por ciento; sólo durante 2020 se contabilizaron 20 mil 56 personas desaparecidas y se registraron 559 fosas clandestinas.
Frente a esta realidad, señalaron las y los expertos, lo que tenemos en México son físcalías que no han sido capaces de investigar adecuada, oportuna y sustancialmente para lograr casos con potencial de ser judicializados y, por lo tanto, puedan identificarse y sancionarse a los responsables, así como garantizar a las personas víctimas de delito la reparación de los daños recibidos.
Entre las causas de ésta grave situación, Christel Rosales enfatizó que son muchos los factores que explican lo que sucede en las fiscalías, entre ellos que dichas instancias están rebasadas pues, en promedio, hay 11 fiscales por cada 100 mil habitantes, lo que implica que cada fiscal debe integrar una media de 145 carpetas de investigación.
Sumado a lo anterior, las y los expertos de la mesa señalaron que las físcalías siguen siendo usadas como botín político; indicaron que a pesar de los cambios normativos para darles plena autonomía, las leyes locales no están armonizadas con los marcos federales lo que hace que las físcalías sólo hayan cambiado de nombre pero, al final, sigan organizadas y operando de la misma manera. De igual forma, la falta de conocimiento y de capacidades de sus integrantes se mantiene como uno de los factores que impactan en la integración adecuada, oportuna y sustantiva de las carpetas de investigación, tal como ha sucedido durante tantos años.
Por su parte, Luis Enrique González señaló que la población migrante no pueden acceder a los mecanismos de justicia debido a que las leyes de migración en las entidades federativas no siempre están armonizadas con la Ley de Migración ni con la Ley de Asilo; por ello, cuando las personas en movilidad sufren delitos no pueden solicitar justicia pues las fiscalías les piden acreditar su estancia legal, aunque esto no sea un requisito para integrar las carpetas de investigación.
Guadalupe Ramos, señaló que en el caso de las mujeres, además de estár más expuestas a distintas violencias, también se ven enfrentadas a la violencia institucional debido a que en las físcalías no les dan atención si no llevan “pruebas físicas” de violencia. En ese sentido, la violencia psicológica, económica, verbal, emocional quedan excluidas de ser investigadas y, por lo tanto, de recibir sanción y reparación del daño.
Finalmente, las y los expertos consideran que para cambiar ésta situación es necesario optimizar los recursos para aprovecharlos de mejor forma, dignificar el servicio público, concluir los procesos de armonización normativa, realizar los procesos de cambio estructural e institucional. De igual forma, todas y todos los analistas señalaron que es fundamental que la sociedad no pierda la capacidad de indignarse y de participar para abrir espacios sobre cultura de la legalidad con que las y los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad individual y colectiva en la creación, implementación y desarrollo de un estado democrático de derecho.
Spanish