Las viviendas ubicadas en zonas de alta sismicidad ¿están preparadas para nuevos temblores?

  • Los estragos del temblor del 2017 aún no han sido resueltos, muchas viviendas dañadas siguen sin recibir tratamiento adecuado y, además, hay muchos edificios que no han recibido el reforzamiento adecuado para prevenir nuevas tragedias.

 

 

El sismo de 2017 generó muchos estragos en Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Ciudad de México.

 

Según las cifras oficiales, en la capital del país 38 edificios colapsaron total o parcialmente; más del 70% de los edificios colapsados eran viviendas, y casi la mitad de las muertes ocurrieron en hogares. En total, 370 edificios de vivienda se vieron afectados por el siniestro del 19S.

 

Tras los temblores de 2017, las familias que habitan unidades habitacionales siguen preguntándose qué tanto más podrían resistir los inmuebles donde habitan.

 

Frente a ésta situación, la Arq. Vania Catalán Pérez, estudiante de maestría en el SUJ, realizó un estudio exhaustivo. Compartimos algunos datos generados por su investigación:

 

  • Las viviendas multifamiliares representan el 30% del total de hogares de la zona metropolitana del valle de México, mientras que el 60% son unifamiliares. Todas ellas se erigen en un suelo “complejo para la construcción” y con tendencia a la amplificación de ondas sísmicas.
  • El caos generado por el temblor de 2017 se debió a la vulnerabilidad social y de infraestructura, así como a la falta de políticas públicas claras en materia de vivienda y prevención de desastres.
  • Existen carencias en el cumplimiento del reglamento para construcciones, pues el suelo se utiliza en zonas poco aptas para las viviendas.
  • No hay una adecuada cultura de prevención, lo que obstaculiza la implementación de protocolos de emergencia.
  • Se analizaron 287 viviendas que registraron daños menores en 1985; siete de cada diez se encontraban en la alcaldía Cuauhtémoc. Un mapeo de irregularidades arquitectónicas e ingenieriles llevó a identificar prácticas de riesgo: plantas bajas debilitadas, fachadas con columnas cortas y golpeteo entre edificios.
  • El 79% de los edificios analizados no presentó daños tras el sismo de 2017. Sin embargo, 30 resultaron inhabitables; de estos, el 70% tenían más de seis niveles.
  • Sólo el 56% de las viviendas estudiadas han sido rehabilitadas.
  • Los códigos de construcción no cumplen con la normativa actual. Muchos edificios de la Ciudad de México están en condiciones de riesgo.
  • Si bien los habitantes tienen la responsabilidad de no modificar las unidades de vivienda para no incrementar la vulnerabilidad, dar mantenimiento constante, utilizar los edificios para lo que fueron creados y permitir la intervención de las autoridades, no hay una cultura sólida en cuanto a la prevención y mantenimiento constante de las edificaciones, así como en cuanto al cumplimiento de las normas.

 

Frente a nuestra comunidad universitaria en Puebla, Catalán Pérez resaltó la importancia de que las y los profesionistas de la construcción contemplen el historial y tendencias sísmicas en los proyectos que realicen: “El trabajo con disciplinas especializadas en prevención de riesgos resulta fundamental. Hay que mejorar el entendimiento del sismo como evento natural y desarrollar medidas rentables para reducir su impacto en la vida de las personas y en los edificios. Al mismo tiempo, es importante involucrarse en el desarrollo de políticas públicas pertinentes. Si bien, el Estado no es el único proveedor de inmuebles para vivir; sí es su obligación brindar los medios para una vida digna”.

 

 

Al igual que nuestra estudiante de maestría, en el SUJ estamos convencidos que diseñar políticas públicas adecuadas para vivienda en zonas sísmicas requiere de recuperar la voz de las víctimas, quienes siguen insistiendo en la vulnerabilidad de los espacios que habitan.

 

Comprender y priorizar los factores sociales y humanos, en vez de beneficiar intereses privados, permitirá generar propuestas de vivienda más equitativas, justas y seguras. Eso sin duda corresponde plenamente con el paradigma de ejercicio profesional para el bien común que en el SUJ buscamos impulsar entre nuestra comunidad.

 

 

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