- La SCJN y el Poder Judicial han dado muestras sólidas de ser un legítimo contrapeso a un dominante Poder Ejecutivo.
- El Poder Judicial en su conjunto debe seguirse reivindicando como elemento de equilibrio y contrapeso en un contexto con preocupantes signos de debilitamiento democrático.
Frente al contexto actual en que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha fincado sus apuestas en la generación de diversos decretos y reformas constitucionales, muchos de ellos polémicos e incluso considerados peligrosos para la incipiente democrácia en México, el Rector de IBERO Puebla, Mtro. Mario Ernesto Patrón Sánchez, reflexiona sobre el necesario equilibrio de poderes en México.
Al respecto, Patrón Sánchez considera que la viabilidad y fortalecimiento de las democracias descansa en la efectiva distribución del poder, dentro de un sistema de pesos y contrapesos que tiene como principales ejes los tres poderes de la unión. Esta estructura tiene como finalidad la de garantizar que los intereses de todos los sectores sociales sean considerados en los procesos de deliberación y toma de decisiones respecto de los asuntos públicos.
En México, sin embargo, tenemos una historia contra la que hemos debido luchar en donde los poderes Legislativo y Judicial se subordinan al Poder Ejecutivo. Respecto del contexto actual, el Rector en el SUJ opina que: “En el trance del inicio de la segunda mitad del gobierno de López Obrador, y tras los resultados electorales de este año, se refrendó el control de la 4T sobre el Poder Legislativo. En clave democrática sólo parece haber quedado el Poder Judicial como único contrapeso del Poder Ejecutivo”.
Mario Patrón considera que, a pesar de las sospechas de cercanías e influencias de la 4T con el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha logrado desempeñarse como un contrapeso del Poder Ejecutivo, pues ha detenido e invalidado un importante grupo de reformas y decretos: “Hasta finales de octubre de este año se reformaron sin mayor contratiempo en el Congre unos 55 artículos constitucionales. Por otro lado, entre el 1 de septiembre de 2018 y 31 de julio de 2021 se promovieron 32 demandas de acción de inconstitucinalidad, 18 de controversia constitucional y cientos de amparos contra decretos expedidos por ambas cámaras del Congreso; cifra que constituye un hito por ser la cantidad más alta de impugnaciones en la historia democrática de nuestro país”.
Así, el Rector de IBERO Puebla considera que la SCJN en particular, y el Poder Judicial en su conjunto, han dado sólida evidencia de disposición para asumir un saludable rol de contrapeso efectivo, lo que se ejemplifica con casos emblemáticos como la objeción de conciencia y la interrupción legal del embarazo, las llamadas ley Bonilla y ley Zaldívar, el Registro de Detenciones y el Padrón de Datos Biométricos, por mencionar algunos.
“Uno de los temas de debate más notables de días recientes ha sido el decreto publicado el 22 de noviemmbre, mediante el que López Obrador declaró como asunto de interés público y seguridad nacional las obras promovidas por el gobierno federal, con el argumento de que ello permitiría superar el obstáculo que suponen diversos trámites burocráticos. Más allá del argumento del Ejectutivo, el decreto refuerza la sobreprotección a las obras emblemáticas de la 4T que supone dar pasos atrás en transparencia y rendición de cuentas. Adicionalmente hay que recordar que las obras que son principal objeto del decreto están a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, institución que tradicionalmente ha sido de las menos dóciles en materia de transparencia y rendición de cuentas, y a la que López Obrador ha confiado crecientes facultades y encomiendas de naturaleza civil”, señaló el Rector de IBERO Puebla.
A lo anterior, el Mtro. Mario Patrón, suma la resolución del 24 de noviembre en que la Primera Sala de la SCJN decidió llevar al Pleno de ese organismo la discusión sobre el acuerdo presidencial con el que militariza la seguridad pública en México; tema de particular relevancia considerando el incremento de la letalidad de las fuerzas armadas durante está administración.
Así, de cara a la segunda mitad del gobierno de un presidente que ha dado inquietantes muestras de creciente concentración de poder, el Rector en el SUJ considera que la SCJN y el Poder Judicial tienen la oportunidad de reivindicar el papel de legítimo contrapeso democrático de cara a una realidad en que la militarización, el debilitamiento de los organismos constitucionales autónomos y los riesgos de retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas son preocupantes signos de debilitamiento democrático.
De la mismo forma que el Rector de IBERO Puebla, el SUJ anima a los poderes públicos a ejercer sus funciones para el fortalecimiento de la democracia mediante una práctica que reivindique y fortalezca la división de poderes como un factor básico y necesario del vigor democrático que debe caracterizar la vida pública mexicana.
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