- Mario Patrón Sánchez, Rector del SUJ en IBERO Puebla, hace una aproximación a los retos y necesidades de la CNDH que encabeza el sistema de protección de derechos humanos en México.
En medio de un clima de polarización y crispación política avivado por los procesos electorales en puerta. En semanas anteriores la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, presentó al Congreso de la Unión una propuesta para hacer cambios en la operación y el nombre de la CNDH.
Frente a esto, el Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector de nuestra universidad, IBERO Puebla, plantea sus dudas sobre la pertinencia y prudencia de proponer modificaciones en un contexto enrarecido. “Vale la pena cuestionarnos si lo pertinente es plantear una reforma o, tal vez, lo indispensable es convocar a un diálogo serio sobre las necesidades y urgencias de nuestro sistema ombudsperson”.
Respecto del desempeño de la gestión del órgano protector de derechos humanos a nivel federal, Patrón Sánchez observó: “La CNDH de Rosario Piedra se ha distinguido por su ambivalencia. De 2018 a la fecha, la CNDH aumentó el número de recomendaciones emitidas para llegar a un máximo histórico de 302 en el año 2022. No obstante, estas cifras no necesariamente reflejan un trabajo y aporte cualificado para fortalecer los derechos humanos en México. Un aumento de recomendaciones no significa automáticamente una mejor procuración de los derechos humanos”.
El Rector en el SUJ recuerda que, desde su llegada, la titular de la CNDH ha estado envuelta de polémica por ser militante de Morena y por su cercanía al gobierno: “La gestión de Rosario Piedra ha mostrado más cercanía al ejecutivo federal que a las víctimas, ha sido renuente a posicionarse frente a la militarización de la Guardia Nacional, la privatización del agua en Querétaro, la crisis forense nacional que representa más de 50 mil cuerpos sin identificar, por mencionar algunos asuntos que laceran gravemente los derechos humanos en nuestro país. En cambio, se ha mostrado presta a manifestarse en favor de la reforma del INE y en contra de la ley 3 de 3 en Yucatán, que impide a deudores alimentarios postularse para cargos de elección popular. Esto ha ocasionado que su propio Consejo Consultivo haya tomado distancia de su presidenta en diversas ocasiones, y que organismos como Amnistía Internacional hayan externado preocupación por la falta de claridad de la CNDH para dar seguimiento a las recomendaciones emitidas y frente a la negativa de interponer acciones de inconstitucionalidad sobre temas cruciales para la vida democrática del país”.
En cuanto a los cambios que la presidenta de la CNDH presentó al Congreso, Patrón Sánchez señala: “La propuesta de reforma plantea dotar de exigibilidad a las recomendaciones emitidas por el organismo, garantizar el pluralismo y la paridad de género entre los funcionarios que lo integren, la elección mediante voto popular del titular y de los integrantes del Consejo Consultivo, reducir la intermediación de organizaciones civiles para la atención a víctimas y ampliar su competencia en asuntos electorales. Frente a las evidencias de un pobre acompañamiento a las víctimas desde la CNDH y ante su indudable alineación con el gobierno de López Obrador, es lícito poner en duda que la reforma propuesta realmente garantice una mejora del ecosistema de derechos humanos en México. La fórmula propuesta de selección de sus funcionarios por elección popular, no sólo contradice estándares internacionales, sino que abre un escenario propicio para partidizar el funcionamiento de la actual CNDH en detrimento de su autonomía”.
Frente a esta realidad, el Mtro. Mario Patrón hace suya la propuesta del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” en cuanto a abrir un debate profundo y plural: “Frente a un debilitado sistema ombudsperson, discutir reformas legislativas para modificarlo puede ser contraproducente para la promoción y defensa de los derechos humanos en México. Ante la alienación de la CNDH a la narrativa gubernamental, lo prioritario es garantizar el ejercicio autónomo del sistema de organismos públicos de derechos humanos, ceder a las víctimas el lugar central de la discusión, e integrar en el debate a los organismos civiles encargados de la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Para concluir su reflexión, el Rector en el SUJ enfatiza que defender efectivamente los derechos humanos requiere de una cercanía y un compromiso real con las exigencias de las víctimas y con las organizaciones que trabajan en el campo: “Si realmente se quiere democratizar el sistema de ombudsperson, corresponde generar canales de diálogo efectivo entre la CNDH, las víctimas y las organizaciones civiles para dialogar los cambios que realmente requiere la comisión y para garantizar su autonomía y su verdadera democratización. De lo contrario, la CNDH –como ha ocurrido también durante la gestión de Rosario Piedra– no hará más que profundizar su rol de convalidación de la narrativa oficial, a espaldas de las víctimas y sus urgentes necesidades, al más puro y viejo estilo de la política corporativista y en detrimento de nuestra endeble democracia”.
En consonancia con las reflexiones planteadas por el Rector de nuestra universidad en Puebla, desde el SUJ impulsamos el llamado a entablar un debate amplio y plural sobre las necesidades y urgencias de la CNDH y el sistema nacional de protección a los derechos humanos en nuestro país, considerando la relevancia que tiene para el fortalecimiento de la vida democrática de nuestro país en un contexto de particular encono y polarización como el que vivimos actualmente.
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