Los programas de derechos humanos de las universidades del Sistema Universitario Jesuita se pronunciaron en contra del decreto presidencial que profundiza la militarización del país en tareas de seguridad pública, y llamaron a que sea derogado, se elabore un plan junto con la sociedad civil, las víctimas y la academia para garantizar que la participación de las Fuerzas Armadas será extraordinaria, fiscalizada, subordinada y complementaria, asimismo solicitaron una estrategia para retirar a los militares de este trabajo en un plazo de 5 años.
Según los defensores de derechos humanos del SUJ el decreto presidencial en cuestión “representa un riesgo para la población en el sentido en que brindar mayores atribuciones a las instituciones de seguridad sin control civil efectivo abre la posibilidad de restringir derechos humanos como el derecho a la libertad de tránsito, de reunión, de información, de expresión, entre otros” que podría fortalecer un esquema autoritario y debilitar la democracia con la instauración de un estado de excepción. Situación que sobre todo afectaría a los sectores más desfavorecidos del país.
El manifiesto del SUJ en contra de incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas para atajar la emergencia de seguridad pública en el país se inscribe dentro de las prioridades emanadas de las Preferencias Apostólicas de la Compañía de Jesús, toda vez la militarización representa una amenaza a los derechos humanos, en especial de los grupos más vulnerables, a cuyo lado nos invitan a caminar las Preferencias Apostólicas.
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