- Hace 10 años se reformaron 11 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para generar mejores condiciones de exibilidad en materia de derechos humanos.
Mario Patrón Sánchez, Rector de la universidad jesuita de Puebla, considera que la llamada reforma de derechos humanos constituye hasta el momento uno de los avances jurídicos más importantes en México, pues implica detonar transformaciones profundas a las instituciones públicas para favorecer la plena accesibilidad a los derechos humanos.
Patrón Sánchez evalúa que entre los cambios más relevantes de la reforma esta el considerar a los tratados internacionales como fuente de los derechos, así como haber establecido la obligación del principio pro persona, por el que se sitúa a la persona como el fin de todas las acciones del gobierno. De igual forma, la reforma constitucional determinó como obligación explícita de las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales, así como la obligación de investigar, sancionar y reparar las violaciones cometidas.
El Rector en el SUJ, plantea que la compleja realidad de nuestro país, caracterizada por las desigualdades estructurales, la violencia y la impunidad, nos obliga a repasar críticamente los logros y los pendientes de esta reforma: ¿Qué tanto se ha fortalecido nuestro sistema de justicia en términos de verdad, justicia y reparación?
Sin duda, desde hace 10 años se han logrado algunos avances. En materia judicial se lograron ciertos progresos en los procedimientos durante las últimas instancias judiciales; los que, sin embargo, todavía no logran reflejarse en los juzgados, agencias del Ministerio Público, o en la sala de apelación. Por otro lado, se reconocen muestras de avance en la creación de programas estatales de derechos humanos y en la capacitación de funcionarios de la administración pública; aunque, esos logros no acaban de reflejarse de manera convincente en la atención y acompañamiento a víctimas.
Patrón Sánchez evalúa que el control de convencionalidad y otras herramientas de gran potencialidad jurídica son para México un piso mínimo de exigencia; sin embargo aún lucen muy limitadas en el ejercicio cotidiano, lo que hace que la reforma constitucional no termine de encajar en el sistema de investigación y sanción de delitos como un eficaz mandato, sino apenas como recomendación.
El Rector de IBERO Puebla, considera que los mayores cambios de la reforma se reflejan a nivel discursivo, pues la mención de los derechos humanos se ha vuelto una constante entre las autoridades, en los círculos académicos y en el ámbito judicial, pero ello no provoca los cambios estructurales que hacen falta. El discurso debe traducirse en estructuras, mecanismos y herramientas concretas, de lo contrario se corre el riesgo de volver a los derechos fundamentales un mero recurso de la retórica.
Si bien no es posible obviar cambios realizados durante los últimos 10 años, Patrón Sánchez enfoca que las organizaciones de la sociedad civil nos recuerdan que de poco sirven las reformas normativas si no se reflejan en mejores condiciones de exigibilidad y accesibilidad para los ciudadanos, en especial las víctimas. Al respecto, no es posible soslayar que, mientras el sistema judicial ha mejorado, la CNDH y otros organismos autónomos concebidos como instancias cercanas a la ciudadanía de a pie, muestran todavía un sinfín de deficiencias que impiden la democratización de la justicia.
Así, luego de una década de la reforma constitucional, los cambios de narrativa y de ejercicio judicial no se han logrado consolidar como procesos de mejora en términos de verdad, justicia y reparación con especial énfasis en las víctimas. Las masacres y graves violaciones del pasado siguen sin encontrar justicia y la impunidad sigue prevaleciendo en las violaciones, abusos y masacres del presente; todo ello hace imposible que las poblaciones vulnerables, como mujeres, migrantes e indígenas, entre otros, puedan creer que hay avances sustanciales en su acceso a la justicia.
Así, el Rector en el SUJ, aprecia que hoy el principal reto sigue siendo poner en el centro efectivo de toda política de derechos humanos a las víctimas; son precisamente ellas con quienes el Estado continúa endeudado.
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