- “La violencia y macrocriminalidad en el país es un problema estructural y multifactorial que requiere de esfuerzos articulados para atender las condiciones de vulnerabilidad, desigualdad y ruptura del tejido social”.
- “Requerimos de una política orientada a la seguridad humana y enfocada a la prevención que priorice la vigencia de derechos humanos”; Mario Patrón Sánchez.
Los efectos de la violencia extendida en todo el país y sus rincones, así como las reacciones por los recientes hechos en Cerocahui, siguen surgiendo. Entre aquellos que nos dan ciertos visos de esperanza están la reciente jornada por la paz, junto con otras acciones llevadas a cabo por distintos sectores, cuya finalidad principal ha sido enfatizar la necesidad de que el gobierno federal revise la pertinencia de su política de seguridad.
Al respecto, el Rector de IBERO Puebla, Mtro. Mario Patrón Sánchez, insiste en que, si bien Andrés Manuel López Obrador ha impulsado esfuerzos para reducir la violencia y la criminalidad, los homicidios únicamente han bajado 5 por ciento durante los cuatro años que lleva su gobierno (según sus propios números), lo cual es poco relevante considerando la magnitud de la crisis de violencia que hay en México.
Mario Patrón reconoce que la violencia es un problema estructural y multifactorial que será muy difícil de resolver en el corto plazo. Esta problemática requiere de diversos esfuerzos que en conjunto puedan atender las condiciones de vulnerabilidad, desigualdad y deterioro del tejido social.
Así, el Rector en el SUJ señala que al inicio del sexenio, la 4T contaba con un Plan Nacional por la Paz y la Seguridad, el cual tenía elementos pertinentes para la pacificación del país: “Entre otras medidas se preveía atender la inseguridad a través de la reconstrucción de tejidos sociales y la generación de entornos de paz, combatir las drogas desde una perspectiva de salud pública y reinserción social, adoptar modelos de justicia transicional, reformar el sistema penitenciario y constituir una Guardia Nacional con mando civil que reorientara las funciones de las fuerzas armadas. A contrapelo de su propio plan, la estrategia implementada no ha hecho más que reproducir los mismos métodos usados por los gobiernos anteriores, apostando a la militarización de la República y abandonando la perspectiva de seguridad ciudadana que se anunciaba en aquel Plan Nacional”.
Hoy, a la luz de que las acciones emprendidas no han tenido los resultados que requiere el país, Patrón Sánchez recuerda que la sociedad civil ha puesto al alcance del gobierno federal diversas iniciativas y directrices para construir una política ciudadana de seguridad, justicia y pacificación con perspectiva de derechos humanos.
Entre las propuestas más destacadas, está la resultante de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia de 2011, contenida en el documento Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, donde se describen diversos componentes para la construcción de una política integral y transversal de seguridad, entre ellos:
- Orientación hacia la seguridad humana bajo el enfoque de prevención,
- Primacía en el régimen constitucional de los derechos humanos,
- Racionalización del uso de la fuerza, fortalecimiento del liderazgo civi,
- Atención prioritaria a quienes enfrentan mayores riesgos y vulnerabilidad,
- Evaluación constante y responsable en un entorno de máxima rendición de cuentas y transparencia.
El mismo documento señala que para implementar eficazmente tal política es necesario:
- Un diagnóstico amplio y participativo,
- Una reforma fiscal que garantice el flujo de los recursos necesarios,
- Una política criminal sustentada más en una política social que en la justicia penal,
- Recuperar el espacio público desde una perspectiva de prevención de la violencia y el control de adicciones,
- Desarrollar políticas en el ámbito municipal con atención especial en juventudes,
- Reformar al cuerpo policial, reformas a los sistemas de inteligencia, justicia penal y reinserción social.
A pesar de la pertinencia y experiencia que legitiman estas propuestas, el gobierno federal las ha ignorado.
Como SUJ, coincidimos con el punto de vista de la sociedad y del Rector de IBERO Puebla en cuanto a que el gobierno no puede seguir pretextando la naturaleza compleja y multifactorial de la violencia en el país como impedimento para no lograr resultados que mejoren la calidad de vida de las personas.
De igual forma, convenimos con el Rector en el SUJ que si el Estado realmente quiere garantizar justicia, reparación y no repetición para atender de fondo el llamado de quienes están saliendo a las calles a pedir justicia y paz, debe atender las recomendaciones de los distintos organismos internacionales en cuanto a revisar la estrategia que actualmente se aplica, así como recuperar las propuestas y enfoques de la sociedad civil para construir una política de seguridad ciudadana plenamente alineada al estado democrático de derecho.
Para conocer el documento Elementos para la construcción de una política de Estado para la seguridad y la justicia en democracia, clica aquí (http://www.abogadogeneral.unam.mx/sites/default/files/archivos/Propuesta_Seguridad_y_Justicia_en_Democracia.pdf
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