- El Mtro. Mario Patrón Sánchez, Rector de IBERO Puebla, recupera el Informe sobre desaparición de personas Migrantes en México para comunicar y sensibilizar a la opinión pública sobre este grave fenómeno.
A través del Programa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas (PBPMD), el Servicio Jesuita al Migrante (SJM) expone un aspecto de la migración y de la desaparición de personas que poco se aborda en nuestro país.
A partir del reporte señalado, el Rector de IBERO Puebla enfatiza que de 2007 a 2021 el PBPMD reportó haber atendido 1,280 casos de personas migrantes desaparecidas: “Del total, se calcula que 96 por ciento de las víctimas iban a Estados Unidos, y sólo 4 por ciento tenían por destino México. El 94 por ciento de las desapariciones sucedieron en México, y el 6 % restante en Estados Unidos. El informe establece que 58 por ciento de las personas son menores de 30 años, 24 por ciento son mujeres y 22 mexicanos”.
Uno de los aspectos que Patrón Sánchez resalta del reporte es el subregistro de casos de personas migrantes desaparecidas: “Mientras el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza 64 migrantes desaparecidos desde 1964 a la fecha, el Movimiento Migrante Mesoamericano, organizador de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidas y Desaparecidos desde hace 15 años, estima en 80 mil los migrantes desaparecidos en México”.
En cuanto a una de las causas de éste fenómeno, el Mtro. Mario Patrón enfoca al Instituto Nacional de Migración como un elemento que tal vez agudiza el problema antes que contribuir a su resolución: “Las cifras recientes de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación señalan 77 mil 626 capturas de personas migrantes en el primer trimestre de 2022, casi 90 por ciento más que el mismo periodo de 2021, año récord que registró más de 307 mil detenciones. Hablamos de más de 25 mil detenciones por mes sólo en el primer trimestre de 2022, cifra que contrasta con años previos; por ejemplo, en 2018, el promedio mensual fue 10 mil detenciones. Al respecto, el informe del SJM señala que casi 75% de los localizados por el PBPMD estaban detenidos en alguna estación migratoria o estancia provisional del INM, sin contacto con sus familias debido a la incomunicación a la que son sometidas. Así, el que las personas migrantes sean privadas de su derecho a la comunicación es una de las principales causas de denuncia de desaparición, que se suma a las ocasionadas por el crimen organizado y por las dificultades inherentes al intento de atravesar el río y el desierto”.
Con la finalidad de lograr datos sólidos para dimensionar y atender el problema, el Rector en el SUJ resalta las siguientes recomendaciones planteadas por el Informe sobre desaparición de personas Migrantes en México:
- Cumplir con la obligación establecida por la Ley Nacional del Registro de Detenciones en cuanto a integrar un registro unificado, público y actualizado en tiempo real de los migrantes detenidos en las estaciones migratorias y estancias provisionales del INM.
- La necesaria colaboración entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores para establecer los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior con el propósito de robustecer las acciones de investigación y búsqueda desde los países de origen de las familias.
- Promover la participación de los familiares en los procesos de búsqueda, lo cual implica otorgar visas humanitarias gratuitas y apoyos para sus traslados a los lugares donde se presumen las desapariciones.
- Cooperación entre estados para garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, así como para reforzar las acciones de prevención, comunicación y denuncia de los casos.
Frente a esta realidad, el SUJ en conjunto nos sumamos a la alerta que elevan el Mtro. Patrón Sánchez y el SJM frente a la situación de los migrantes desaparecidos y sus familias. De igual forma, coincidimos que es fundamental dar una atención diferenciada a esta situación debido a la complejidad adicional que implica el proceso migratorio, el cual añade barreras lingüísticas, culturales y burocráticas a los obstáculos que ya existen en nuestro sistema de justicia.