- A pesar de las promesas y compromisos del gobierno de Chihuahua y del gobierno federal para esclarecer y sancionar el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma, no hay avances al respecto.
En cuanto a la investigación del asesinato de nuestros hermanos jesuitas, la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua no ha detenido a los imputados y aún busca a los testigos de los hechos; por otro lado, el Estado mexicano ha señalado que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del estado de Chihuahua no ha “podido” tener contacto con los familiares de los clérigos asesinados.
En el concierto de actores que han reclamado justicia y verdad para este caso, los relatores especiales de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz; derechos de los pueblos indígenas, José Francisco Cali Tzay; y defensores de derechos humanos, Mary Lawlor; han solicitado información detallada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre el avance de las investigaciones de estos asesinatos.
Mediante la misión permanente de Naciones Unidas en México, los y la relatora independientes requirieron al Estado mexicano: datos sobre las denuncias de amenazas contra los clérigos antes de ser asesinados, información sobre la identificación de los autores, la posible relación entre la ejecución y el trabajo a favor de los derechos humanos, las medidas establecidas para que las familias de los defensores sean actualizadas sobre el proceso de investigación y, en particular, informar si la investigación se está realizando en términos del Protocolo de Minnesota y otras normas internacionales para la investigación adecuada de crímenes y muertes potencialmente ilícitas.
Mediante su comunicación oficial, los y la relatora exhortaron al presidente López Obrador a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas víctimas, sus familias y compañeros de trabajo; investigar, procesar e imponer las sanciones pertinentes a las personas responsables de las violaciones a los derechos humanos, además de tomar las medidas adecuadas y efectivas para que nunca vuelvan a repetirse hechos como los sucedidos contra los sacerdotes.
El Sistema Universitario Jesuita se suma a las preocupaciones y solicitudes que realizaron los relatores especiales de Naciones Unidas en materia de ejecuciones extrajudiciales, derechos de los pueblos indígenas y defensores de derechos humanos en cuanto a lograr avances sustantivos para garantizar Verdad, Justicia y Reparación para este caso, así como para todos los asuntos derivados de la violencia, la impunidad y la corrupción que vivimos en nuestro país.
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