- “Sin lugar a dudas, el problema más agudo que presenta el país, es el de la inseguridad pública”, Santiago Corcuera Cabezut.
Santiago Corcuera Cabezut, reconocido académico en el SUJ y defensor de derechos humanos a nivel internacional, considera que la inseguridad pública es un problema que no ha dejado de complejizarse en México y, frente a ello, diferentes órganos de gobierno están omitiendo su acción oportuna.
El también ex presidente del Grupo de Trabajo y del Comité contra Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas comentó para el periódico El Universal, que el desastre inició con el mal uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, continuó con Peña Nieto y se ha agudizado en el gobierno de López Obrador. Cuando Calderón tomó el poder, el índice de muertes por cada cien mil habitantes era de casi 8 personas; ese índice se incrementó casi un 300% durante el sexenio de Calderón (25 muertes violentas por cada cien mil habitantes). Hoy el índice anda como en 27. Las ejecuciones a manos de agentes del estado y de grupos delincuenciales son el veneno de cada día.
El académico de IBERO Ciudad de México señala que las desapariciones forzadas y las cometidas por particulares, ocurren todos los días con alarmante frecuencia. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, reporta más de 85,000 personas cuyo paradero se desconoce. Lo anterior, demuestra la descomunal crisis humanitaria en la que se encuentra envuelto al país.
“La militarización en este sexenio va en aumento, no sólo en materia de seguridad pública, sino en muchas otras esferas que no tienen ‘exacta conexión con la disciplina militar’, violándose así, claramente, el artículo 129 constitucional”, enfatiza Corcuera.
De igual forma, el ex funcionario de Naciones Unidas, recuerda que en este sexenio se emitió la reforma constitucional en materia de seguridad pública, mediante la que se creó la Guardia Nacional como una corporación de seguridad pública de naturaleza civil. Desgraciadamente los artículos transitorios de la reforma constitucional, (específicamente el quinto), autorizan a las fuerzas armadas a mantenerse en tareas de seguridad pública por un periodo de cinco años. A ese periodo le resta un poco más de mil días y, hace poco más de un año, el presidente de la República emitió un acuerdo presidencial, a todas luces inconstitucional, qué pretende reglamentar ese artículo quinto transitorio.
Además, observa el maestro de derecho, se emitieron diversas leyes reglamentarias de la reforma constitucional mencionada, entre ellas la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, la Ley Nacional del Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Corcuera Cabezut, recupera que diversos actores han insistido en la no idoneidad de las leyes mencionadas, al punto que, tanto el acuerdo presidencial, como las leyes mencionadas, fueron impugnadas mediante controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde mediados de 2019, por una entidad federativa, algunos municipios y la presidenta de la Cámara de Diputados, a mediados del año pasado.
Quien también fue coordinador del Programa de Derechos Humanos de IBERO Ciudad de México, enfatiza que no obstante la innegable importancia y trascendencia del tema, estas impugnaciones se encuentran detenidas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin que dicha instancia les dé resolución: “la Suprema Corte tiene en sus manos defender la Constitución, y al hacerlo, contribuir a la civilización de la seguridad y detener la militarización. Estando las cosas como están, no hay tiempo que perder. Sobre todo, para el acuerdo militarista, el tiempo corre. ¿Cuándo será que la Suprema Corte resolverá este asunto? ¿Cuándo se hayan agotado los mil días que le faltan de vigencia?”.
Para el SUJ, una noción adecuada sobre la seguridad en México debe articularse con un enfoque democrático y de derechos humanos, por lo que va mucho más allá de aumentar policías y fuerzas armadas para colocarlas en las calles.
Aún después de tanto tiempo, sigue siendo fundamental hablar, debatir y evaluar sobre los que deberían ser los mejores esquemas de seguridad y de erradicación de las violencias para México.
La dignidad e integridad de las personas, el desarrollo humano y el bien común son ejes mínimos de cualquier estrategia, plan o programa de seguridad ciudadana que necesitamos las y los mexicanos.
El presente artículo fue publicado en el diario nacional El Universal.
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