- El Congreso del Estado de Puebla tiene la oportunidad de hacer historia dictaminando y aprobando una Ley en Materia de Desaparición de Personas basada en los más altos estándares de derechos humanos.
A través de un comunicado publicado en conjunto por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ; Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática, y Coordinación de la Licenciatura en Derecho, la universidad jesuita de Puebla se dirige al Congreso de Puebla solicitándole establezca las mejores condiciones y procedimientos para dictaminar una ley en materia de desaparición de personas que integre los más altos estándares de protección de derechos humanos.
Después de que hace más de un año se construyó y presentó colectivamente una iniciativa de Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Puebla (15 de julio de 2020), la IBERO Puebla y el Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla mantienen su llamado a que los procesos de discusión y dictaminación de la iniciativa que será presentada al pleno de la LX Legislatura sean inclusivos, transparentes y participativos poniendo a las personas en el centro del interés y de las discusiones de los legisladores.
Con la finalidad de garantizar los aportes y el enfoque de las víctimas, la universidad jesuita exhorta a que el proceso de dictaminación se funde en el principio de concentración para que las distintas iniciativas presentadas sean analizadas en igualdad de condiciones y se recojan de manera colaborativa los más altos estándares de protección de derechos humanos.
Las familias de las víctimas y la IBERO Puebla conminan al Congreso de dicha entidad a hacer historia dictaminando una ley que sea ejemplo de armonización e implementación de los estándares más altos de derechos humanos respecto de un problema tan doloroso como lo es la desaparición de personas.
La desaparición de personas es una de las más graves violaciones a los derechos humanos por su capacidad destructiva a nivel individual y social, por ello el SUJ hace un llamado a los poderes públicos a que cumplan sus obligaciones internacionales para erradicar plenamente fenómenos como este.
El Congreso de Puebla tiene la obligación de garantizar a su población los más altos estándares para la atención, resolución, sanción y reparación de casos de desaparición de personas, por lo que hoy tiene la oportunidad histórica de establecer las condiciones necesarias para el acceso efectivo a los derechos a la justicia y la verdad ante ésta y otras graves violaciones a los derechos humanos.
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