- AUSJAL, la red de universidades jesuitas de la que es parte el SUJ, creó el Grupo de Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, que vela por la defensa y promoción de los derechos fundamentales y de cuyo programa de formación han egresado más de 1 700 personas defensoras de derechos humanos.
El compromiso del SUJ de caminar con los pobres se hace realidad patente a través de los Programas de Derechos Humanos, creados en todas las universidades del sistema como instancias que defienden los derechos fundamentales de los grupos más vulnerables del país, a quienes acompaña en medio de una polarización social que se hace más grave a causa de las desigualdades socioeconómicas y políticas, que por lo mismo exige ser estratégicos en la defensa y promoción de sus derechos.
Como parte de este compromiso y prioridad, los programas de Derechos Humanos (PDH) del SUJ presentaron el informe La Comisión Nacional de Derechos Humanos: una mirada desde las universidades jesuitas, que a 30 años de su creación, y después de la polémica designación de Rosario Piedra Ibarra como su titular en el presente sexenio, invita a reflexionar sobre la actuación de la CNDH y a analizar las reformas anunciadas por este organismo autónomo con el fin de convertirse en una auténtica Defensoría del Pueblo.
Durante esta actividad, que coincide con el Día Mundial de los Derechos Humanos, los PDH del SUJ hicieron un análisis cuantitativo y cualitativo de la actuación de la CNDH en sus últimos tres años (2018-2020) para identificar “los principales avances, retrocesos y retos que tiene esta institución nacional frente a los derechos humanos en nuestro país”.
Entre las recomendaciones de las universidades jesuitas a la CNDH y al Senado de la República, se propone a la primera fortalecer su estructura para que esté en mejores condiciones de acatar con responsabilidad y eficacia su mandato constitucional en la observación y protección de los derechos humanos.
También se le plantea hacer un proceso de balance y evaluación al interior, tanto cualitativa y cuantitativamente para que los visitadores generales cumplan con el perfil deseado; llevar a cabo formalmente el nombramiento de cada uno de los visitadores generales, lo que posibilitará la observancia y defensa adecuada de los derechos humanos; transparentar de mejor manera su presupuesto, y mantener una vigilancia activa y continua de la situación de los derechos humanos en el país a través de informes especiales y las facultades que a nivel internacional y nacional se han delegado al Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura.
Por su parte, al Senado de la República los Programas de Derechos Humanos del SUJ le proponen garantizar que los procesos de elección y designación del titular de la CNDH acaten los mecanismos de participación ciudadana y parlamento abierto, que se implemente a la brevedad el proceso de designación de Consejeras y Consejeros de la CNDH, y la elaboración de un diagnóstico con participación ciudadana para detectar áreas de mejora y oportunidad, para que la labor de este organismo nacional responda a las necesidades reales sentidas por la población.
Durante la presentación, la Mtra. Lourdes Contró, del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana León, detalló la estructura de la CNDH, en especial las funciones y quiénes encabezan la Presidencia, el Consejo Consultivo y las Visitadurías, así como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.
Resaltó que esta revisión del perfil de las personas y sus funciones dentro de la estructura de la CNDH permite tener parámetros para ver si se tienen las condiciones adecuadas a las necesidades que se plantean. El hecho de tener una estructura deficiente y un perfil inadecuado podría implicar una insuficiente actuación que impacte en la defensa, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos; y, por otro lado, también repercutirá en altos costos de operación.
Por su parte, Felipe Sánchez Nájera, del Programa de Derechos Humanos de la IBERO CDMX, destacó el punto esencial del presupuesto, pues es “un elemento fundamental para el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos”, ya que los recursos pueden ser una muestra del compromiso real de las autoridades.
Durante su participación, La Mtra. Rosario Arrambide, del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S. J., de IBERO Puebla, abordó el tema sobre los informes especiales elaborados por la CNDH, cuya función es presentarlos ante las autoridades correspondientes para que adopten las medidas necesarias en el marco de la protección de los derechos humanos. En este punto se detectó que uno de los problemas es que no hay un seguimiento de los informes, pues la CNDH no está obligada, sólo a emitir y enviar los informes.
La Mtra. Daniela Martínez, del Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, de la IBERO Torreón, habló sobre las acciones de Inconstitucionalidad, entendidas éstas como medio para plantear la contradicción de una norma general con la Constitución o con los tratados internacionales de los que México forma parte.
En este punto, se muestra un incremento en la promoción de acciones de inconstitucionalidad a partir de 2018 hasta la actualidad. De acuerdo con el informe, se percibe que la CNDH promueve acciones que controvierten leyes, normas o decretos que notoriamente van en contra de los derechos humanos.
Respecto a las recomendaciones que emite la Comisión, la Mtra. Alejandra Nuño, del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, dijo que son “los instrumentos más conocidos por parte de la Comisión Nacional porque son esos dientes que, aunque todavía no son obligatorias jurídicamente, sí le da esa autoridad moral al Ombudsperson (se prefiere este término a Ómbudsman porque el Defensor del pueblo también puede ser una mujer) para poder recibir y tramitar quejas por violaciones de derechos humanos”.
El análisis muestra que “hay una deuda histórica de la CNDH en la emisión de las recomendaciones”: en 2018, de 9 mil 002 expedientes abiertos, sólo se emitieron 91; en 2019, de 11 mil 912, sólo 99; y en 2020, de 8 mil 382, sólo hubo 53 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Entre los temas abordados en las recomendaciones por graves violaciones de derechos humanos, de 2012 a 2020, están: personas privadas de la libertad, legalidad y uso de la fuerza, debido proceso, pueblos indígenas, periodistas, derecho a la salud, matrimonio igualitario, medio ambiente, derecho al trabajo y mujeres.
En el apartado de comunicados hay un claro cambio en la estrategia de difusión a partir de la llegada de Rosario Ibarra: hay una mayor publicación de comunicados, pero a diferencia de la administración pasada, se confronta menos a las instituciones del gobierno federal, hay más mensajes que alaban las acciones de este, y también se exalta más el trabajo de la CNDH.
A través de sus Programas de Derechos Humanos el SUJ, en una misión de reconciliación y justicia, busca caminar junto a las personas y comunidades vulnerables, excluidas, marginadas, humanamente empobrecidas, las víctimas de los abusos de poder, conciencia o sexual; con los descartados de este mundo.
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