- La recuperación de una persona desaparecida supone realizar muchas acciones que suelen generar incertidumbre, gastos, conflictos y sufrimiento a sus familias.
Después de recuperar un cuerpo, o algunos de sus restos, el siguiente paso es establecer la identidad de esa persona mediante distintas acciones de corte científico-forense. En sí mismo, el proceso es difícil, costoso y delicado pues deben coordinarse adecuadamente distintos saberes y técnicas médicas, antropológicas y judiciales. En México, estos procesos se hacen mucho más complejos debido a la falta de recursos, a la incapacidad técnica, la insensibilidad y corrupción que permean las instituciones de procuración de justicia.
En algunos casos, las universidades del SUJ acompañamos en estos procesos a las familias de personas desaparecidas con la finalidad de ayudarles a superar los múltiples obstáculos que suelen imponerles las instituciones.
Uno de los casos más recientes es el trabajo colaborativo realizado por IBERO Puebla con diversos colectivos. Eladio Ramírez Romero y María Juliana Hernández Romero, integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, lograron identificar a su hijo Jorge Ramírez Hernández casi cuatro años después de su desaparición en junio de 2019.
Desde esa fecha, Eladio y Juliana debieron enfrentarse constantemente a las dificultades que una y otra vez les ponían en frente las autoridades responsables de investigar, buscar e identificar a su hijo Jorge.
En Puebla se tiene registro de 2,470 personas desaparecidas, cuyas familias han exigido permanentemente una búsqueda exhaustiva en las diferentes fosas localizadas en Huejotzingo, así como la implementación de los distintos procedimientos para establecer la identidad de los restos encontrados, lo cual no se realizó hasta que un servidor público de la Secretaría General de Gobierno del Estado desapareció. Esta reacción del gobierno de Puebla evidenció una actuación selectiva y discriminatoria porque una vez identificado el cuerpo del funcionario de gobierno se dejó de identificar a la mayoría de los cuerpos que se encontraban en ese momento, incluyendo el de Jorge, el cual fue enviado a una fosa común casi cuatro años hasta que el amor y tesón de sus padres y de otros integrantes de distintos colectivos obligaron al gobierno local a realizar la identificación.
Si bien este caso sucedió en el Estado de Puebla, el hecho revela un patrón de pensamiento y de actuación que es común a casi todas las entidades federativas, lo cual forma parte de la crisis forense y de justicia que en múltiples ocasiones han denunciado distintos actores relacionados con la promoción y defensa de derechos humanos a nivel local, nacional e internacional.
Junto con nuestra universidad en Puebla, el SUJ hace un llamado apremiante para que la Fiscalía General de la República y las fiscalías de cada estado cumplan con la instalación de los bancos nacional y estatales de datos forenses, los cuales son fundamentales para la identificación de cuerpos. De igual forma, como SUJ llamamos a las fiscalías, comisiones de búsqueda y gobiernos federal y estatales a garantizar los mecanismos de verdad, justicia y reparación a las familias de las personas desaparecidas, comprometiéndose a darles un trato digno y humano para que, como en el caso de Jorge Ramírez, puedan retornar a sus hogares.
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