- Universidad del SUJ, IBERO Puebla, se pronuncia por la negativa de la CNDH a presentar acción de inconstitucionalidad ante el control que la SEDENA tendrá sobre la Guardia Nacional.
- La acción de inconstitucionalidad es una medida para dejar fuera del orden jurídico las normas que sean contrarias a la Constitución y a los Tratados Internacionales de los que México es Parte.
- La Comisión Nacional de Derechos Humanos es el órgano autónomo cabeza del sistema nacional de protección de derechos humanos, cuya razón de ser y obligación principal es contribuir a garantizar la vigencia de los derechos humanos y del Estado Democrático de Derecho en México.
Las recomendaciones de desmilitarizar las tareas de seguridad pública en México tienen una larga historia. El asunto ha generado tal preocupación dentro y fuera de nuestro país, que diversos mecanismos de control de derechos humanos de carácter universal y regional han insistido en la importancia estratégica que tiene para los derechos humanos y para la democracia el garantizar que las labores de seguridad ciudadana sean totalmente civiles.
En fechas recientes, el Congreso de la Unión aprobó una reforma por la que se transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo cual contraviene la constitución, las obligaciones internacionales que México tiene en materia de Derechos Humanos y pone en riesgo los limitados avances democráticos que experimentamos.
Ante estos hechos, y frente a la creciente violencia que existe en el país, la universidad jesuita en Puebla externó su preocupación por lo que considera es el abandono de la razón de ser y de las obligaciones que tiene el órgano autónomo cabeza del sistema de protección de derechos humanos a nivel nacional.
Frente al argumento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en cuanto a que no iniciará acción de inconstitucionalidad porque la intervención de la SEDENA se justifica debido al nivel de violencia que existe en el país, así como a que su intervención estará limitada en el tiempo y sujeta a casos excepcionales, la universidad del SUJ señala en su comunicado: “Esto implica un quebrantamiento a los preceptos constitucionales e internacionales, y es un desconocimiento al contexto de agravamiento de las violencias y atentados contra los derechos humanos a consecuencia de la militarización de la seguridad”.
Sobre el impacto de la militarización en la estrategia de seguridad pública, la universidad del SUJ enfatiza que “Dicha estrategia no ha disminuido de manera significativa la delincuencia, ni ha redundado en que la ciudadanía viva más segura. En vez de ello, el enfoque militarizado de respuesta a la delincuencia organizada se ha sumado a los factores que explican la grave crisis de violencia, inseguridad y violaciones a los derechos humanos, por lo que consolidar el control normativo, administrativo, operativo y organizativo de la Guardia Nacional por la SEDENA, representa un grave riesgo para el ejercicio de los derechos humanos en México”.
El comunicado de la universidad jesuita en Puebla acentúa que la militarización de la Guardia Nacional viola diversas disposiciones internacionales, no sólo las que se refieren a las características que deberían tener las tareas del ejército en el ámbito de la seguridad pública (extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada), sino también las recomendaciones realizadas a México sobre retirar a las fuerzas armadas de tareas de seguridad de forma gradual, ordenada y medible”.
En su mensaje, IBERO Puebla señala que ésta decisión vulnera aún más la ya lastimada legitimidad y credibilidad de la CNDH pues renuncia a su tarea de contribuir al balance democrático y a fortalecer el sistema de pesos y contrapesos que caracterizan en realidad a un sistema democrático.
A pesar de lo anunciado por la CNDH, la universidad del SUJ llama a dicho órgano autónomo a revisar su decisión y a ejercer su responsabilidad como contrapeso al poder, a acatar sus obligaciones constitucionales y a ejercer su autonomía para promover, proteger y defender los derechos humanos iniciando acción de inconstitucionalidad frente a casos como estos en que leyes federales vulneran derechos humanos consagrados en nuestro orden constitucional y convencional.
Como SUJ acompañamos los términos del mensaje de IBERO Puebla y también el llamado que hace a la CNDH en cuanto a asumir de manera radical e irrestricta su mandato y labor de promoción, protección y defensa de los derechos humanos como corresponde a la cabeza del sistema de protección de derechos humanos de nuestro país.
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