- El informe realizado señala que actualmente no hay programas, proyectos y actuaciones que garanticen el acceso a la alimentación.
- El 40 por ciento de la población de Tlaquepaque y Tonalá padece obesidad y la diabetes mellitus prevalece como la tercera causa de muerte en Jalisco.
El informe elaborado por la universidad jesuita de Guadalajara, ITESO, el Observatorio del Derecho a la Alimentación ¿Qué Comemos? y el Centro Universitario de Tonalá (CUTonalá) de la UdeG revela que los gobiernos ya no cultivan la igualdad y la justa distribución de los recursos, además de que ha habido un recorte progresivo de los programas sociales y un aumento de la brecha social que impide garantizar el derecho a la alimentación. Por tal razón, Catalina Morfín, titular de la Dirección General Académica del ITESO, señaló que es momento de que las universidades produzcan y comuniquen conocimiento contra la concentración de la riqueza.
Entre los hallazgos que expone el informe están que en Jalisco:
- De 233 programas públicos el 60.1% no contribuye al cumplimiento del derecho a la alimentación, solamente 8 programas se alinea con dicho derecho.
- Para 2020 hubo una disminución presupuestal de 7.4% en comparación con el presupuesto del 2019, lo que significa que para 2019 el gasto dirigido al cumplimiento del DHAA fue de casi 12 mil 465 millones de pesos, en 2020 esta cantidad fue de 11 mil 541 millones de pesos.
- El porcentaje de personas sin ingresos suficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria prácticamente no ha cambiado en 10 años.
- Entre 2010 y 2015, 20 municipios aumentaron el porcentaje de personas sin ingresos para cubrir la canasta alimentaria.
- La industrialización afecta la tenencia de la tierra y, con ello, la disponibilidad de alimentos adecuados.
- A pesar de la enorme biodiversidad de flora y fauna que existe en el territorio, hay una pérdida importante de la diversidad de alimentos.
- La precarización del trabajo afecta a las familias campesinas que producen alimentos.
- La proliferación de las semillas potentadas y sus altos costos han puesto en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades.
- La escasez de agua vulnera la producción de alimentos de forma segura y sostenible.
Por su parte, Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, señaló que es necesario restaurar todo el sistema alimentario porque es uno de los factores que genera más desigualdad. Añadió que desde hace once años se ha buscado que se establezca una ley sobre el derecho alimentario en el país y no ha sido posible.
Sobre las propuestas de solución que ofrece el informe, Ulises Brambila, coordinador de comunicación del Observatorio del Derecho a la Alimentación ¿Qué Comemos?, explicó que están contenidas en siete grandes ejes: 1) protección de la tenencia, propiedad y gestión comunal de la tierra y bienes naturales; 2) protección del derecho al agua; 3) fortalecer la educación alimentaria y estilos de vida saludables adaptados a cada región; 4) apoyar la producción diferenciada, la agroecología y la conversión al policultivo por etapas y regiones; 5) proteger a los pequeños productores, campesinos y jornaleros; 6) proteger a los ciudadanos respecto a su salud, seguridad alimentaria y sus derechos como consumidores, y 7) reflexionar qué pasa con el DHAA después de la crisis económica y sanitaria derivada de la pandemia. Para conocer el informe completo clica en https://bit.ly/3hjt5FP
El Sistema Universitario Jesuita acoge e impulsa la definición de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o más conocida como FAO, en cuanto al derecho a la alimentación, a tener acceso continuo a los recursos que le permitirán producir, ganar o poder comprar suficientes alimentos, y no solamente para prevenir la desnutrición sino también para asegurar la salud y el bienestar. Solamente en raras ocasiones, el derecho a la alimentación significa que una persona tiene derecho a donaciones gratis.
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