- De cara al proceso de militarización que el ejecutivo federal ha impulsado, IBERO Puebla presentó dos amparos ante la justicia federal para defender el carácter civil de la seguridad pública en México.
Como sabemos, las tres últimas administraciones federales han protagonizado un proceso de profundización de la militarización de la vida pública mexicana.
En fechas recientes, la administración de Andrés Manuel López Obrador logró un paquete de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, la Ley de la Guardia Nacional y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, el cual consolida y amplía la presencia de las fuerzas armadas en la seguridad pública y otras áreas de la vida nacional.
Dado esto contraviene nuestro marco constitucional, así como el marco convencional en materia de derechos humanos a que el Estado mexicano se ha sometido soberanamente, distintas organizaciones sociales y civiles han decidido ejercer su derecho a defender el carácter civil de la vida pública, así como a exigir el cumplimiento de las obligaciones que el Estado mexicano tiene en materia de derechos humanos.
En ese marco, nuestra universidad del SUJ en Puebla interpuso los recursos legales ante el Poder Judicial de la Federación, los cuales se sustentan en los estándares más altos en materia de democracia, seguridad ciudadana y protección de los derechos humanos con la finalidad de restablecer la regularidad legal, constitucional y de convencionalidad que debe regir en la definición e implementación de cualquier estrategia en materia de seguridad pública.
Las preocupaciones sobre el proceso de militarización en México no ha sido manifestada únicamente por las universidades del SUJ y organismos civiles de derechos humanos nacionales, sino también por distintos órganos de control de derechos humanos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, los cuales han insistido en la obligación y la necesidad de limitar el uso de las fuerzas armadas mediante su sometimiento a los controles legales e institucionales que cualquier nación democrática en el mundo establece.
Al respecto, los mecanismos de control de derechos humanos universales y regionales han emitido más de 30 recomendaciones al Estado mexicano para que abandone la militarización pues, además de contravenir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, dicha estrategia ha contribuido al incremento de violaciones a derechos humanos en el país.
La comunidad SUJ acompaña las acciones legales entabladas por nuestra universidad en Puebla, de la misma manera que impulsamos el llamado a debatir una política integral para pacificar a México, así como la necesaria construcción de una reforma a las policías y al fortalecimiento de las fiscalías.
Finalmente, llamamos al Poder Judicial a fortalecerse como un necesario contrapeso democrático, así como a resolver los distintos recursos legales interpuestos por la sociedad civil y nuestra universidad en Puebla en los términos en que sus decisiones impliquen la protección efectiva de los derechos humanos y contribuyan a generar una estrategia de seguridad pertinente a las aspiraciones democráticas de nuestro país.
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