- Rector del SUJ, en la IBERO Puebla, visibiliza el contexto de violaciones a los derechos humanos que provocó el derrumbe de la mina en Sabinas, Coahuila.
Desde hace doce días 10 mineros se encuentran atrapados en un pozo de carbón a 60 metros de profundidad en Sabinas, Coahuila. Las circunstancias que se conjugaron en esta tragedia no son nuevas en nuestro país, pues se explican en la manera en que se desarrolla la industria extractiva en México.
Mario Patrón Sánchez, Rector de la universidad jesuita, IBERO Puebla, tiene experiencia en la defensa de derechos humanos y desde esa labor conoce bien la manera de proceder de la industria extractiva en México.
Mínimas medidas de seguridad e higiene, inexistencia de manifestaciones de impacto ambiental, indebida ubicación de los pozos, derrumbes constantes, explotación laboral, condiciones de trabajo riesgosas para la integridad y la salud, contaminación de tierras y cuerpos de agua, devastación de la flora y fauna local, son algunas de las constantes que el Rector en el SUJ visibiliza en cuanto a la explotación minera en México a propósito del caso de las minas derrumbadas este mes de agosto, una en Sabinas, Coahuila y otra en Galeana, Nuevo León.
Como parte de la trágica historia de la industria minera en nuestro país, el Mtro. Mario Patrón recuerda que en Pasta de Conchos, Coahuila, aún hay 65 obreros bajo tierra debido a una explosión provocada por gas metano en una mina de carbón. Si bien antes del accidente se habían denunciado diversas violaciones y riesgos contra la seguridad y salud de los mineros, ni la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni la minera Grupo México, ni ninguna otra autoridad, actuaron para resolver las denuncias y garantizar la integridad de los obreros.
Para Patrón Sanchez, Pasta de Conchos (2006) y Sabinas: “Son ejemplo de las condiciones infrahumanas de trabajo, las nulas garantías de seguridad y la impunidad en que se desarrolla la industria carbonífera y la minería en México. De acuerdo con la Secretaría de Economía, 99.19 por ciento del carbón producido en México es proveniente de la región carbonífera de Coahuila, y prácticamente su totalidad se vende a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para la producción de energía eléctrica”.
Posterior a la tragedia de Pasta de Conchos, varios familiares de los mineros afectados conformaron la organización “Familia Pasta de Conchos”, dicha instancia elaboró el libro “El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio” en el que se documentan 310 eventos mortales en minas carboníferas de Coahuila, hechos de los que han derivado 3, 100 fallecimientos desde 1883. En el mismo reporte se señala que desde 1900 y hasta 2017, todos los mineros atrapados han sido recuperados, excepto los mineros que trabajaron para Grupo México.
Respecto del papel de Grupo México, el Rector en el SUJ precisa que “Grupo México es propiedad de Germán Larrea, cuya familia es de las más ricas del país y cuyo principal negocio es la minería. Su excepcional fortuna se amasó por las concesiones que Carlos Salinas de Gortari dio a su familia. Hoy, Grupo México posee más de 800 concesiones mineras. Además de Pasta de Conchos, Grupo México es el responsable del derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de sulfatos de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora, que afecta directamente la salud de 25 mil personas e inhabilitó la agricultura en miles de hectáreas cuyo riego dependía de esos ríos. Además, permanecen sin resolución tres huelgas que por 15 años reclaman el respeto de los derechos de los trabajadores mineros en Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero. Ahora, el polémico tramo 5 del Tren Maya, está adjudicado a una constructora propiedad de Grupo México”.
Todo esto sucede, según el análisis de Patrón Sánchez, debido a un Estado ausente tanto en este ámbito como en otras dimensiones de la vida nacional: “Un Estado que se muestra incapaz de garantizar condiciones básicas de seguridad en el trabajo y protección ambiental, y que, por el contrario, es dócil para otorgar permisos, concesiones y licitaciones para la explotación de recursos del subsuelo. Ya bien rebasada la primera mitad del sexenio de López Obrador, los 65 mineros de Pasta de Conchos siguen bajo tierra, a pesar de la promesa de rescate y reparación integral que, primero como candidato y luego como Presidente, hizo a las familias la máxima autoridad de un gobierno”.
Debido a la gran pobreza y pocas opciones de trabajo y vida digna que se vive en el norte, así como en el resto del país, ser minero es prácticamente la única opción de sostenimiento de muchas familias de dicha región: “El contexto es más preocupante considerando que la política energética del actual gobierno sostiene la noción de soberanía en más de un sentido en el carbón. Ante ello, lo mínimo que el Estado debería ser capaz de garantizar, junto con la protección de los derechos ambientales, es el pleno respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores mineros; pero ello supone un verdadero compromiso de regulación de las concesiones mineras y de supervisión de condiciones laborales dignas, justas y seguras”.
Como SUJ consideramos fundamental la regulación de la industria extractiva bajo un enfoque de derechos y de sostenibilidad, así como la acción intersectorial coordinada para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas trabajadoras de la industria extractiva, así como de las comunidades y entornos que puedan ser afectados por dicha actividad económica. En este, como en muchos otros ámbitos económicos y de la vida nacional, es estratégica e indispensable la acción proactiva e inmediata de los poderes públicos.
Para conocer más sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en Pasta de Conchos y en la industria minera en México, consulta “El carbón rojo de Coahuila: aquí acaba el silencio”.
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